El intentar adecuar la legalidad al interés personal es una típica actuación propia de regímenes autoritarios que, por mucho que nos pese, es lo que ... se está convirtiendo nuestro país. El anuncio hecho por el Presidente del Gobierno hace unos días de proponer la limitación de la acusación popular es una clara muestra de ello. Tal figura esta constitucionalmente recogida (art.125) pero ya sabemos que a Sánchez eso le da igual estando Conde- Pumpido por medio. La finalidad de esta institución es abrir la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda solicitar a un juez la apertura de la vía penal aunque no fuera perjudicado de manera directa. Es posible que se haya echo un uso abusivo de esta figura, pero no es menos cierto que, casualidades de la vida, se pretenda hacer ahora que el Presidente del Gobierno se encuentra acorralado con los procesos abiertos contra su esposa y su hermano, su Fiscal General del Estado, su ex Ministro Ábalos, etc. El intentar legislar con la finalidad de que afecten a procesos que están abiertos y no resueltos es algo muy grave y una clara intromisión en la labor judicial y da la evidente sensación que el intento tiene nombres y apellidos. La obsesión de este hombre en controlar las instituciones judiciales se han convertido, desde la imputación de su esposa, en su único motivo político. Y por último si sale adelante esta proposición no solo afectaría a su familia sino también abrigaría a Ábalos, García Ortiz, Puigdemont... cuando precisamente él está donde está gracias a la institución popular como en los casos Púnica o Gürtel que le alzaron a ser Presidente. Eso ya no vale porque han tocado a los suyos y lo peor es que la instrucción penal puede quedar en manos de las respectivas Fiscalías y ya sabemos aquello ... ¿de quien depende la Fiscalía? Pues eso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Escoge el plan de suscripción que mejor se adapte a tí.

Publicidad