La dignidad de Proa

Parecía que el problema estaba en vías de solución con el nuevo edificio que había empezado a construirse en la parcela de Casa Plata adonde se va a trasladar el centro, pero la renuncia de la empresa adjudicataria a seguir con los trabajos por el encarecimiento del precio de los materiales lo ha retrasado todo. Es necesario llevar a cabo un nuevo proceso de licitación del que poco se sabe por el momento, tan solo que el coste final de la operación se va a elevar a casi 10 millones de euros, desde los 6,9 de la primera salida a concurso.

Todo marcha demasiado lento. La empresa Joca le comunicó a la Consejería de Educación su intención de rescindir el contrato en noviembre de 2022 y vamos camino de dos años sin que la obra se haya vuelto a licitar. Mientras tanto, la comunidad educativa de Proa se ve obligada a seguir en unas instalaciones que hace ya mucho que dejaron de ser apropiadas, y que ahora han quedado aún más dañadas tras los destrozos y robos de los últimos días, cometidos por cierto a plena luz del día y con total impunidad por parte de maleantes sin conciencia que no saben, o no les importa, la tarea esencial que se desarrolla allí dentro. Proa no figura entre los 15 colegios públicos donde el Ayuntamiento de Cáceres ha colocado este verano nuevos sistemas de alarma con detectores de presencia y cámaras de visión nocturna, quizás precisamente porque las actuales instalaciones están llamadas a desaparecer, aunque todavía no se sepa cuándo.

La vicepresidenta del ampa de Proa, María Polo, se erigía esta semana en portavoz de los padres para expresar tanto la indignación que sienten por los hechos delictivos que ha sufrido el colegio como para lanzar un SOS. Dicen que sus hijos no pueden seguir más tiempo en esas condiciones, y que el único motivo por el que continúan en el centro es porque no les queda más remedio, ya que no hay otro en Cáceres donde se atiendan las necesidades educativas especiales de estos alumnos. Una de las profesoras, María García Barrantes, iba más allá y hablaba de «injusticia, desventaja, indiferencia y abandono social, educativo y político». Son chicos que requieren una atención extra por parte de los poderes públicos, y eso incluye mantener los centros educativos como Proa en condiciones aceptables, no por bondad ni solidaridad, sino porque es su derecho constitucional.

Si uno de los parámetros que marcan el nivel de desarrollo de una sociedad es cómo trata a sus miembros más vulnerables, está claro que en el caso de Proa podemos hacerlo bastante mejor.