La doctrina Ayuso llega a Extremadura

¿Podemos aguantar? ¿Podemos ganarle el pulso a ómicron sin renunciar a compartir cañas en los bares? La duda está ahí. Hay científicos que pronostican que la letalidad de esta variante será muy baja, e incluso que una vez que se produzca un contagio casi general la pandemia decaerá, y hay otros expertos que estiman que la explosión de infecciones se traducirá en un número de ingresos inasumible para el sistema sanitario. Es evidente que la vacuna protege, pero no otorga una inmunidad completa.

Yo no tengo una opinión cerrada. No soy epidemióloga para predecir cómo va a ser el comportamiento de un virus. Ni siquiera los mejores científicos tienen todas las respuestas, pues admiten que estamos asistiendo en directo a la evolución acelerada de una enfermedad de la que no se tiene experiencia. Lo que sí veo claro es que si la política de cero restricciones tiene éxito y surfeamos la sexta ola sin cerrar los bares, los políticos que la han adoptado se coronarán. Como le ocurrió a Ayuso en Madrid en las arremetidas anteriores del virus. Se convirtió en la heroína de la hostelería y hasta ganó unas elecciones. Pero si en tres semanas los hospitales revientan con pacientes de covid la sociedad les censurará por haber preferido 'salvar la Navidad' y la economía antes que la salud. Serán héroes o villanos.

Tampoco hay que despreciar otro factor: el contagio acelerado de la población, aunque sea con síntomas leves, daña a la economía. Faltarán trabajadores, obligados a confinarse, y cojearán muchas empresas. A ver cómo se gestiona eso. Conjugar la protección de la salud y de la economía no es fácil. Y acertar con el momento justo en que hay que imponer restricciones para evitar muertes todavía menos. Es probable que a estas alturas la sexta ola sea ya imparable.

El hecho de que en España no haya una política general para combatir la pandemia y que cada comunidad actúe según su criterio (como si los virus supieran de fronteras regionales) solo añade desconcierto a los ciudadanos, que no acaban de entender por qué esas diferencias. La inexistencia de una ley de pandemias que ordene con criterios objetivos la actuación en estos casos es un agujero en nuestro ordenamiento legal. Se podría haber pactado en estos dos años, pero el Gobierno no ha querido impulsarla. Ha preferido que sean las autonomías y los tribunales de justicia los que decidan qué podemos hacer y qué no según donde vivamos. De momento, ya lo ven, Ayuso marca tendencia.