
Un entorno digital seguro
La protección de los menores no permite dilaciones entre el anuncio de la nueva ley y su aprobación definitiva
Sábado, 29 de marzo 2025, 23:12
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Sábado, 29 de marzo 2025, 23:12
El proyecto de ley para la Protección de los Menores en el Entorno Digital, remitido por el Gobierno a las Cortes este martes, ofrece un ... amplio cuadro de medidas penales, administrativas y reguladoras que atienden a una inquietud creciente en las familias y en la sociedad ante realidades que desbordan la capacidad de los progenitores, de los tutores y de las propias instituciones para impedir que la utilización de las nuevas tecnologías perjudique el desarrollo personal y atente contra los derechos de los más jóvenes. Obligar a los fabricantes a introducir sistemas efectivos de control parental en sus productos; tipificar delitos o agravarlos por el uso de la inteligencia artificial, de engaños, señuelos o de incentivos en busca de la adicción de los menores; y la propia articulación de una norma ampliamente participada en su elaboración representan pasos más que significativos para atajar tan intrincado problema. Pero si alguna responsabilidad ha de asumir a partir de ahora el legislador es el de la celeridad en la tramitación de la norma. Porque la protección de los menores en el entorno digital no permite dilaciones entre su anuncio y la aprobación definitiva de la nueva ley. Todo lo contrario. Aun evitando precipitaciones en cuanto al desarrollo reglamentario de la misma, es imprescindible que los poderes públicos jueguen también con el factor sorpresa con el que cuentan a la hora de aplicarla.
Ni los grupos parlamentarios pueden rehuir el consenso que merece la iniciativa ni las administraciones concernidas tendrán motivos para no esmerarse en su pronta puesta en marcha. Aunque junto al impulso institucional requerido resulta ineludible el compromiso activo de las familias, de las comunidades educativas, de los propios menores y de cuantos adultos asiduos al entorno digital –especialmente si es su ámbito profesional– puedan colaborar en el logro de los fines que persigue la nueva legislación. Porque el dictado de órdenes de alejamiento virtual que contempla el proyecto en trámite, la persecución de la vejación de menores mediante herramientas tecnológicas, la detección de mayores haciéndose pasar por menores, la posibilidad de proceder a evaluaciones pediátricas que detecten usos nocivos de lo digital y la propia formación y alfabetización requerirán el concurso de la sociedad entera.
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