Incertidumbres en Muface y en el mutualismo administrativo

El Sistema Nacional de Salud (SNS) diseñado en Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, garantiza la protección de la salud a todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional, mediante una provisión y prestación pública de los servicios sanitarios. El legislativo contempló en la disposición final tercera de esta LGS que las mutualidades puedan ser objeto de integración en el SNS. Sin embargo, este aspecto, como otros de esta ley, siguen sin desarrollarse haciendo que España sea, como suele decirse, uno de los países con mejores leyes, pero en el que menos se cumplen.

La historia de Muface se remonta a la Ley 29 de 27 de junio de 1975, fecha en la que se crea un organismo único de adscripción obligatoria para todos los funcionarios civiles. Son funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado, además de en cuerpos específicos como la Policía Nacional o los inspectores de Hacienda y de Trabajo, así como los docentes de Primaria, Secundaria y la universidad. La mayoría (72%) de los funcionarios eligen la sanidad privada. En 2024 un 34% eligió la compañía Adeslas, un 25% Asisa y un 13% DKV. El 28% restante acudió a la sanidad pública. Este porcentaje que optó por la sanidad pública fue del 13,5% en 2005, lo que supone un incremento constante estos años de quienes eligen la sanidad pública (más de 400.000 en 2024).

Existen en nuestro país tres mutualidades: la referida Muface, Isfas (lnstituto Social de las Fuerzas Armadas) y Mugeju (Mutualidad General Judicial) que atienden a un colectivo de algo más de dos millones de personas, con mayor renta y nivel educativo, y más joven y sano que la población general.

El debate sobre la continuidad o no de las mutualidades y la integración de sus beneficiarios en el SNS es un asunto siempre pospuesto por razones básicamente políticas, dado que las evidencias sociosanitarias, económicas y científicas van en contra de la persistencia de esta doble provisión (pública y privada) de asistencia sanitaria en la población española. Las razones políticas claramente se comprenden con el todavía incompleto desarrollo de la LGS de 1986 y cuando se advierte (El Mundo, 14-12-2024) de que, «al ministro de Función Pública no le conviene tener en contra a 1,5 millones de funcionarios» y de la división interna existente en el propio gobierno, con la propuesta de una nueva licitación antes del fin de año, frente a la ministra de Sanidad, de incorporar paulatinamente a los mutualistas en el SNS.

En cuanto a las razones sociosanitarias y económicas relativas a la bondad de las mutualidades se argumenta que mientras el gasto sanitario público por persona en el SNS alcanza 1.608 euros al año, la prima media en Muface es de 1.014 euros. Sin embargo, se oculta que hay evidencias científicas que obligan a matizar, y mucho, estas cifras. A principios de año los mutualistas pueden elegir entre recibir atención sanitaria a través de compañías privadas o el SNS. Los funcionarios suelen optar por la sanidad pública, mejor dotada, cuando ellos o sus familiares presentan enfermedades graves (cánceres, enfermedades cardiovasculares, demencias, trasplantes, etc.) con lo que se produce una selección de riesgos en las propias compañías que tienden a atraer a la máxima proporción de mutualistas sanos, así como esquivar a la máxima proporción de mutualistas poco sanos o demandantes de servicios costosos. De esta manera, la mayoría de los más sanos optarían por las compañías privadas donde puede accederse directamente a las consultas de los especialista y pruebas diagnósticas, evitando el filtro del médico de familia del centro de salud y demoras en pruebas diagnósticas y consultas hospitalarias.

Esta selección de riesgos ha quedado nuevamente demostrada en un artículo publicado en febrero de 2024 en 'The european journal of health economics'. Justificar la pertinencia del mutualismo administrativo en la comparación del gasto per cápita de los dos sistemas es muy arriesgado por diversas razones, entre otras porque las poblaciones adscritas a ambos sistemas son diferentes en edad, morbilidad y nivel socioeconómico.

El análisis de la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria en Muface es el objetivo de la auditoria que el Gobierno ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Pero si se hubiese desarrollado la LGS y los mutualistas, a efectos de atención sanitaria, estuviesen incluidos en la sanidad pública, creo que el funcionamiento del SNS y sus prestaciones habrían mejorado. Sencillamente porque estos colectivos (funcionarios, inspectores, profesores, jueces, fiscales, militares) tienen la suficiente capacidad de influencia para lograr esa mejoría.