Necesaria compensación por producción energética

Ya he dicho en estas páginas, quizá con una reiteración que roza la obcecación, que el marco jurídico local precisa urgentemente de una reforma de calado en España, y muy en especial el referido a la financiación. La Ley de Haciendas Locales debe adaptarse a la realidad de una planta local muy diversa, fragmentada, de municipios pequeños que apenas tienen capacidad material para desempeñar sus competencias. Y sobre todo deberían tenerse en cuenta las dinámicas territoriales y demográficas del país, en el que son notorias desde hace demasiado tiempo fallas estructurales en su cohesión y vertebración. El reto demográfico y la pérdida continuada de población de amplísimas zonas de España, que tienen su correlato en el aumento de la concentración urbana en áreas muy reducidas (Madrid, Barcelona, Zaragoza…), han de ser criterios relevantes para las reformas que se lleven a cabo y para el nuevo marco de financiación local que se precisa. La PIE de las entidades locales, por ejemplo, podría dejar de depender casi en exclusiva (como hasta ahora) de la población de derecho existente, para incorporar y potenciar parámetros como la dispersión, el alejamiento de los núcleos poblacionales, el envejecimiento y la tendencia demográfica del territorio en cuestión. A modo de ejemplo, si se detecta un descenso demográfico continuado en el último lustro y la pirámide de población y las tasas de crecimiento vegetativo no auguran una mejoría, la provincia o municipio afectado debería beneficiarse de una mayor financiación, ponderada, para afrontar tales desafíos y evitar caer en el círculo vicioso de, a menor población, menor capacidad material de afrontar la pérdida.

Si las urbes de la España hoy hiperpoblada se permiten sus niveles de consumo es porque los territorios de la mal llamada España vacía son los que contribuyen con su producción energética a sostenerlas. Que tantas placas solares, embalses, molinos y centrales nucleares conlleven una compensación para las provincias y regiones que los albergan no es solo una cuestión de equidad territorial, sino también de justicia.