Esa generación del acuerdo

La idea es prescindir de los extremos, tanto de los ideológicos como de los de corte nacionalista, que tanto han marcado la vida política en los últimos 45 años que celebramos de Constitución, y que ahora llegan a su expresión máxima de influencia con la ley de amnistía para los involucrados en el procés, a cambio de sus votos. Hay una generación de españoles que no entienden por qué los dos grandes partidos están dispuestos a tirar por la borda este caudal de enseñanza política y se dan la espalda de una manera tan contumaz y agresiva por momentos, de lo que solo caben beneficiarse los radicalismos y aquellos que no quieren España tal y como está recogida en la Constitución del 78.

Una generación, también la de González o Guerra, a la que solo se escucha últimamente si se prestan a contar episodios anecdóticos que nos entretengan, pero a la que se desprecia si osan aportar sus juicios fundados sobre el actual momento político. No solo se considera que ya pasó su época, sino que también parece negárseles que tengan algo que aportar de interés fruto de su experiencia, esa característica que tanto se obvia en una época en la que se reinventa el adanismo cada mes. En su irrupción, el Podemos de Pablo Iglesias abogó por enterrar el régimen de la Transición, y esa erosión de los cimientos sobre los que se levanta el sistema democrático que tenemos hoy tal vez sirva para entender la polarización de la política nacional, en la que los espacios de acuerdo han desaparecido hace tiempo y los dos grandes partidos se mueven al son que les marcan sus extremos, ideológicos o periféricos.

Es cierto que ellos también fueron en su día implacables, con el adversario político y con el compañero que se alejaba de su criterio. Ni Ibarra ni González fueron monjas de la caridad cuando les tocó a ellos ejercer el poder, ni hacia fuera ni hacia dentro de su partido. Nadie ha dicho que la política sea complaciente.

De hecho, el debate en el Encuentro por la Constitución tuvo una derivada que dejó un poso de preocupación si cabe más importante. Las diferencias entre los participantes, y hasta con los asistentes, tuvieron que ver menos con la famosa amnistía y más en cambio con la presunta intromisión de la judicatura en la vida política, el sesgo ideológico que orienta sus decisiones; y no tanto la de los miles de jueces a los que desborda cada día su trabajo en los juzgados, sino la de quienes ocupan instancias superiores o el propio Consejo General del Poder Judicial, cinco años caducado.

Lo que hoy se encuentra en la picota es la misma separación de poderes que consagra la Constitución, y así se puso de manifiesto en el transcurso del debate, enriquecido con la magistrada Carmen Romero y el profesor de Derecho Constitucional Gabriel Moreno, hasta el punto de que el propio Ibarra viniera a coincidir por su experiencia, aunque sin nombrarlo, con uno de los puntos del acuerdo entre PSOE y Junts, ese lawfare que supone creer que algunas decisiones judiciales se instrumentalizan y tienen un sesgo político en la aplicación de la ley. Un país en el que el mayor punto de desacuerdo gira en torno a si los jueces son o no independientes del todo tiene mucho que pensar.