Análisis

De qué hablamos cuando hablamos de Valdecañas

Con el complejo turístico se está perdiendo la oportunidad de demostrar que el conservacionismo puede ser un movimiento dialogante y flexible

Pablo Calvo

Cáceres

Domingo, 12 de febrero 2023, 07:41

Hace mucho tiempo que Valdecañas dejó de ser un tema medioambiental, si es que alguna vez lo fue. La defensa de los valores naturales que subrayan quienes apoyan la demolición del complejo suena a excusa para respaldar visiones de parte y prejuicios, donde ya solo ... cabe la victoria o la derrota. Se trata de que unos ricos se salgan o no con la suya, según lo ven quienes más lejos han llegado en su denuncia. Si en la isla se hubiera levantado una urbanización de viviendas de clase media (como el Residencial Universidad de Cáceres, también tumbado en los tribunales, sin efecto alguno), no estaríamos hablando tantos años después de este asunto. No hay que aceptar los hechos consumados, dijo esta semana Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, pero dándole peso a si los hechos incluyen o no campo de golf.

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Durante dos días, los diputados han escuchado en la Asamblea aportaciones de juristas, ecologistas y organizaciones agrarias a raíz de la proposición de ley que trata de salvar Valdecañas haciendo ver que ni la Zepa que le afecta ni otras 54 están realmente declaradas. El movimiento del PSOE es muy arriesgado, pues aun en el caso de que se comprobara que no se cumplió el trámite expreso con esas 55 zonas de especial protección, se podría estar dando pie a una catarata de demandas de quienes durante muchos años han debido ajustarse a unas normas que en realidad no existían. Se generaría así un problema en el intento de solucionar otro, aunque algún despacho de abogados haya creído ver un vacío legal por donde colar el resort.

Para mayor enredo, de esta posible solución se han desmarcado PP y Cs, que han olfateado que la propuesta es demasiado alambicada y no quieren que les salpique, pese a insistir, como han hecho sus diputados, que están dispuestos a hacer todo lo posible para mantener el complejo por su impacto económico y su contribución a fijar población. Un comportamiento contradictorio, del que no se puede acusar a los representantes morados, quietos en su coherencia del no es no.

Pero un dato: eso significa que de los 65 diputados que componen la Asamblea, 61 están a favor de mantener en pie Valdecañas, lo que se compadece con el 80% de los extremeños partidarios de recurrir la sentencia del Supremo que ordenó el derribo total. Eso fue hace justo un año, y aunque parecía el final del camino, se está pendiente de un recurso ante el Constitucional.

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Frente a lo indicado por De Miguel y el no transigir con los hechos consumados, Valdecañas podía haber sido ejemplo de lo contrario: sacar provecho ecológico de una realidad ya existente, y saber de la importancia del diálogo y la búsqueda del consenso en los temas ambientales. Así lo defendió Cipriano Hurtado, miembro pionero de Adenex, la primera asociación que advirtió de la ilegalidad del complejo, y así lo entendió también el TSJEx cuando falló mantener lo ya construido. Después de que ni el informe de mil páginas de la Estación de Doñana se mostrara contundente con las afecciones medioambientales, habría sido más comprometido con Extremadura relajar el proteccionismo a ultranza, si es que estamos hablando realmente de esto. Se está perdiendo la oportunidad de demostrar que defender el medio natural no es frenar el desarrollo de las personas, sino contribuir a que vivan mejor.

Lejos de ese espíritu conciliador, el coordinador de Ecologistas en Acción anunció en la Asamblea querellas contra quienes apoyen la ley que trata de salvar Valdecañas. Amedrentar de esa manera al poder legislativo por ejercer las funciones para las que ha sido elegido es cuestionable, pues ya hay otros modos de revisar la corrección de sus leyes. Ángel García Calle también quiso dirigir sus dardos contra este diario, donde tantas veces se ha pronunciado en contra del complejo turístico, aunque no mostrara tanta dureza cuando fue alto cargo del Gobierno del PP, por la cuota de IU, que eludió ejecutar la sentencia de derribo del Supremo en 2014. Eso también son hechos consumados.

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