¿Qué hacemos con los pueblos?

La polémica de la caza en Monfragüe ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto que aparece y desaparece de la actualidad española periódicamente: qué hacer con los pueblos. El mundo rural, que lleva en crisis desde los años 60, se encamina a la desaparición en muchas provincias. Cáceres, más que Badajoz, es una de ellas.

El turismo puede ser uno de los activos del mundo rural, pero la realidad es que muy pocos pueblos españoles pueden vivir únicamente de él. El sueño de hace unos años de que las casas rurales iban a salvar nuestros pueblos no se ha hecho realidad. Son una ayuda para algunos, pero en absoluto la solución completa a la despoblación. O existe un sector agrario o industrial potente o no hay desarrollo sostenible, el problema, como siempre, es el empleo. No hay trabajo en nuestros pueblos y los jóvenes y menos jóvenes huyen de ellos en busca de un medio de vida. Con este panorama desolador como marco general surge la controversia sobre la caza. Los alcaldes de la zona defienden que la caza no es el maná, pero les ayuda a sobrevivir. Ellos, junto a los ecologistas más moderados, argumentan que es absurdo prohibir una actividad que genera dinero cuando se va a tener que matar a los animales porque la superpoblación de ciervos y jabalíes expande la tuberculosis y amenaza a la cabaña ganadera del entorno.

Gestionar un parque nacional no debe ser fácil. Se debe preservar su riqueza, pero sin expulsar a quienes lo han protegido y han podido vivir de él durante siglos gracias a la agricultura, la ganadería o la caza.

Los parques nacionales como Monfragüe no deberían ser solo museos dedicados a curar el estrés de los urbanitas que salen de estampida los fines de semana de sus ciudades y esperan encontrar una naturaleza de postal, detenida y puesta a su servicio. Unos visitantes que los domingos por la tarde, conseguida la foto perfecta en el Salto del Gitano, ponen rumbo a Madrid, sin importarles cómo y de qué viven los vecinos que todavía resisten en sus pueblos. Y es lógico. Ellos no son los culpables del declive de los pueblos, ni los que deben 'hacer algo' para revertirlo (cuántas veces se ha repetido que hay que hacer algo por los pueblos, sin hacerlo).

El pasado jueves murió Rosario Cordero, presidenta de la Diputación de Cáceres y alcaldesa de un pueblo pequeñito, Romangordo, una de las políticas que sí se tomó en serio el problema de la despoblación e intentó que otras administraciones también lo hicieran. El proceso de vaciamiento de los pueblos es tan grave que supera la responsabilidad de ayuntamientos, diputaciones e incluso autonomías. Probablemente sólo la intervención coordinada del estado, con un plan ambicioso, podría detener la sangría y salvar la España rural, la Extremadura rural. Eso, y el sentido común de escuchar a los pueblos, a sus alcaldes, antes de dar lugar a que un día no muy lejano no haya ni pueblos, ni alcaldes que se quejen.