Ser notario de pueblo

Por eso el notariado es un servicio público y por eso los notarios, aunque ejerzamos en régimen de competencia, somos funcionarios públicos obligados por un derecho fundamental comprometido por la Constitución de 1978 a todos los ciudadanos. Ese derecho de los ciudadanos, que es nuestro deber, no es otro que el de la seguridad jurídica en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial. Y nos obliga con todos y cada uno de los españoles sin excepción. De ahí que los notarios estemos repartidos por toda la geografía española de acuerdo a criterios concebidos para garantizar la accesibilidad de toda la población a nuestros servicios. Nadie, por razón de ningún tipo, debe quedar impedido para el ejercicio de sus derechos jurídicos. Esa es también una característica esencial de la democracia y los notarios estamos cerca de los ciudadanos para que se haga realidad.

Cerca en las ciudades y cerca también en los pueblos, donde esa proximidad adquiere una relevancia si cabe mayor para nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque la calidad de un Estado de Derecho se demuestra en el ejercicio efectivo de los derechos, y el ejercicio efectivo de los derechos tiene su piedra de toque en los ciudadanos más desfavorecidos, vulnerables y desplazados de los principales núcleos de servicios profesionales. En nuestro país, todos los ciudadanos, residan donde residan, siempre pueden contar con un notario que les advierte de los riesgos y obligaciones a las que se comprometen en cada operación y que impiden que suscriban ningún acuerdo ilegal. Y si eso ocurre es gracias a que hay notarios que desarrollan su labor en el entorno rural.

La figura del notario rural es, en suma, esencial para que la seguridad jurídica sea un derecho fundamental de todos los ciudadanos y una característica constitutiva, sustancial y efectiva, de nuestro sistema de convivencia. Sin una función notarial extendida y accesible para todos los españoles, también para los que residen en las pequeñas poblaciones del medio rural, el efectivo ejercicio de los derechos jurídicos dividiría a los españoles en ciudadanos de dos categorías: los que pueden permitírselo y los que no. Y con ello, nuestro Estado de Derecho quedaría debilitado.

Los notarios de pueblo cumplen, por tanto, una labor fundamental para la protección de la seguridad jurídica como un bien de todos. Y de forma consecuente con esa función, realizan una contribución fundamental al tráfico empresarial y al dinamismo económico. Como ya escribí en una ocasión, los notarios no creamos las empresas, ni compramos ni vendemos propiedades, ni tampoco otorgamos testamentos: los protagonistas de esas operaciones, son los empresarios que ponen en marcha una idea de negocio, los inversores y pequeños ahorradores que compran esos inmuebles y los testadores que deciden el reparto de su herencia. Pero sin seguridad jurídica, todo ese tráfico se restringiría enormemente. Allí donde no hay garantía de cumplimiento de los acuerdos y respeto de la legalidad, ni se crean empresas, ni se transfieren bienes. Y por eso, amén de proporcionar seguridad jurídica, los notarios rurales realizan también una contribución especialmente significativa a la dinamización de la actividad económica y del tráfico mercantil.

Según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado, en 2022 los notarios autorizaron en todo el país 133.047 compraventas de inmuebles en fincas o terrenos rústicos (un 13% del total de compraventas) y 106.770 adjudicaciones de herencias vinculadas a fincas rústicas (el 30% de todas las herencias). Estos dos son las operaciones más comunes, pero la función del notario abarca muchas más actividades relacionadas con el estímulo empresarial y el fomento del empleo, que son fundamentales para la vertebración territorial y la dinamización de los entornos rurales y para que la España vaciada esté en definitiva menos vaciada.

Me parece muy acertado por todo ello que el Consejo General del Notariado haya iniciado una campaña reivindicando la figura del notariado rural, que tan importante es en una comunidad como la extremeña, donde casi el 50% de la población censada reside en municipios rurales frente al 15% de la población española.