Salud mental, la tragedia de vivir un drama indigno

La OMS estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030; el 25% de las personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida; el 75% de los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años; el 12,5% de todos los problemas de salud son trastornos mentales, mucho más que el cáncer y los problemas cardiovasculares. El promedio de los presupuestos sanitarios destinados a salud mental fue del 2%, ¡mucho problema para tampoco presupuesto!

En España el panorama no es alentador, puesto que el 88% de los cuidados en salud mental son realizados por familiares; más del 50% de las personas con trastorno mental están sin tratamiento; el 48,9% de los jóvenes de entre 15 y 29 años, considera que ha tenido algún problema de salud mental, y el 9 % de la población padece al menos un trastorno mental (excluyendo los causados por el uso de sustancias), porcentaje que en mayores de 60 años alcanza el 15%. En 2020, murieron por suicidio 3.941 personas y el consumo de ansiolíticos sedantes e hipnóticos se incrementó en un 4,5% con respecto al año anterior y un 10% con respecto a hace una década. El 12% de los adolescentes presentan síntomas de «trastorno por juego en internet» (DSM-5).

EL 40% de los centros sanitarios públicos no cuentan con atención de la salud mental. La ratio de psiquiatras por cada 100.000 habitantes en España es de 9,8 en el año 2019 y en Extremadura 5,5. Ambas muy por debajo de países de nuestro entorno como Bélgica (20,3), Holanda (20,1), Francia (14,1), Grecia (14,1) o Italia (10,9). La ratio de psicólogos clínicos es peor aún, con solo seis profesionales, tres veces menos que la media de la UE.

Instituciones Penitenciarias reconoce que en 2019, de los 19.572 ingresos en enfermería, 8.145 fueron motivados por patología psiquiátrica (41,6%); que las consultas de psiquiatría suponen el 16% de la totalidad; que el 27,9% de los internos refiere que está en tratamiento con medicación psiquiátrica, y que el 21,3% refiere que ha intentado alguna vez quitarse la vida. Estas cifras hablan por sí solas de la tragedia, que lejos de resolverse, no deja de aumentar. Parece que una miope visión, tan simplista como errada, está instalada en la dramática paradoja de luchar contra el estigma, pero provoca que desde los tribunales y la cárcel no solo se genere una doble marca para el paciente psiquiátrico y su familia, sino también hacerlos vivir unas experiencias muy dolorosas y traumáticas, con un más que probable desenlace de total abandono debido a su discapacidad y dependencia (el 83,1% de las personas con problemas de salud mental no tienen empleo). Seguir manteniendo esta enorme falsa respecto a lo que llamamos dignidad, es intolerable. La reeducación y la reinserción social, principios constitucionales rectores del cumplimiento de las penas no son compatibles con las necesidades terapéuticas, por la rigidez disciplinaria de la vida en prisión. Esta no es, ni puede ser la solución.

En el último informe Health at a Glance, la OCDE y la Comisión Europea estimaron que el coste total de los problemas de salud mental en nuestro país ascendía a más de 45.000 millones de euros (4,2% del PIB). Para poner en contexto esta cifra, pensar que el gasto público total en sanidad fueron unos 81.600 millones de euros (6,6% del PIB).

Estos datos son demoledores, la sociedad debe afrontar la tragedia de la salud mental con la ciencia y los recursos necesarios y dejar de mirar para otro lado, como si nada pasara.

En 2004, la OMS actualiza del concepto de salud mental como «un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad». Pero el límite entre los problemas de la salud mental y las enfermedades mentales, no es, ni está claro, y en general no disponemos de marcadores biológicos de enfermedad que permitan hacer un diagnóstico clínico objetivo. Atendiendo particularmente a la conciencia de enfermedad (facultad de una persona para entender y aceptar que padece de una patología), por ejemplo, un paciente psicótico que carece de ella, debido a las características de su propia psicopatología, no tendrá adherencia al tratamiento ni atenderá a las instrucciones terapéuticas. Así, el estudio internacional sobre esquizofrenia de la OMS, observó que el 97% de los pacientes presentaban déficit de conciencia de enfermedad y, para medirlo, Amador y Strauss desarrollaron una escala que permitió establecer que casi el 60% de estos pacientes padecen de anosognosia (incapacidad de introspección para percibir y reconocer una enfermedad que uno mismo padece) de moderada a grave. ¿No les parece que generar más seguridad para ellos, sus familias y la sociedad de manera conjunta, es un derecho humano universal? ¡A mí sí!