Subvencionar el inglés

Planteado así podría parecer «súper guay» y, como se hizo con los comedores escolares, seguramente se argumentará sibilinamente también que ligar la subvención a renta familiar facilita el acceso al inglés extraescolar a quienes disponen de menos recursos económicos. En el caso de los comedores se obvió deliberadamente que estos al formar parte del hecho educativo y tratarse de etapas obligatorias debían ser gratuitos para todo el alumnado de estas etapas. Y este tema del inglés que tiene su enjundia bien merece alguna que otra reflexión.

La Junta de Extremadura tiene las competencias de educación en toda la comunidad. Al tiempo, la educación secundaria obligatoria, como su propio nombre indica, es una etapa de escolarización obligatoria y por ello gratuita para todos los alumnos, vivan donde vivan e independiente de las rentas que dispongan. Según los datos del ultimo curso, el 97,4% del alumnado de la ESO estaba matriculado en centros sufragados con fondos exclusivamente de los Presupuestos Generales de Extremadura: 80,1% en colegios públicos, 17,3% en concertados.

Estas tres consideraciones, obligatoriedad de la ESO, marco competencial y titularidad pública, compromete a la Junta de Extremadura a no hacer dejación de sus funciones. Si se observan deficiencias y carencias curriculares o académicas, de profesorado, medios y recursos educativos en una etapa obligatoria, como pudiera ser el caso, debe exigírsele a la Consejería de Educación que asuma y resuelva en el ámbito que le es propio, arbitrando organizativamente y presupuestariamente los medios y recursos que se entiendan necesarios; pero nunca transfiriendo indirectamente a empresas privadas dineros públicos y menos aún, funciones que son competencia exclusiva de la administración educativa.

Subvencionar el inglés como se plantea es además tremendamente discriminatorio, fomentando aún más las desigualdades. Los centros privados que lo imparten se instalan, lógicamente, en barrios y localidades que garantizan su negocio. En el ámbito rural y extrarradios, simplemente, no están al no haber negocio, por lo que este alumnado se queda fuera.

Otra cuestión en el aire sería si la consejera de Educación cree que las horas lectivas del idioma extranjero obligatorio en la ESO (900 aproximadamente) son insuficientes y si el profesorado dedicado a su impartición no es considerado idóneo para ello.

En fin, ¿no será todo más burdo y se trataría simplemente de transferir ingentes recursos públicos a entidades educativas privadas con ánimo de lucro?