¿Hacia dónde nos llevan?

Su acción de gobierno hasta la fecha se ha basado, fundamentalmente, en el recurso al decreto-ley, que ha pasado de ser práctica excepcional a convertirse en norma. El decreto-ley además de su urgencia busca evitar el control parlamentario, en la práctica se han convertido en fondos de saco, donde además del asunto que da título al decreto no importa meter de clavo nombramientos y otros temas, que no tienen nada que ver, pero pasan. Así se gobierna hoy en España. También ha habido leyes estos años, que, además de epidemia de covid, intentarán asolar lo que queda de España, que conocimos, tras su paso por el Gobierno. Ni Atila lo hubiera hecho mejor ni Roma en Cartago sembrándola con sal.

No hay institución del Estado que no haya sido asaltada u ocupada directamente: la Fiscalía General del Estado pasó a ser la del Gobierno, la Abogacía del Estado dejó de serlo, el Tribunal de Cuentas no controla, el CISS recrea, el INE se ajusta, CNI abandona... Ahora le toca a la Justicia, que se mantenía más o menos independiente. Le era difícil, pero resistía, pero ya han puesto las bases para su derribo. Con la instrumentalización del Tribual Constitucional las autodeterminaciones serán pan comido y la soberanía del pueblo español será cosa de ayer, y con ellas se dará paso a un periodo constituyente, que ya anunció en el Congreso el entonces exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hoy propuesto para el Tribunal Constitucional. El poder ejecutivo ha terminado ocupando los otros poderes (legislativo y judicial), que según Montesquieu serían independientes, pero vigilantes entre ellos. Pero es mucho más que todo esto, es la injerencia del poder ejecutivo en el judicial desde el momento que viene a anular una sentencia del máximo órgano judicial deslegitimando al Tribunal Supremo. Si no hay división de poderes, no existe democracia en España. Tal vez esta sea la verdad hoy en España, por triste que parezca. No van perdidos.

Durante la pandemia se aprobaron leyes y otras están en proceso sin concurso de las partes interesadas ni tener en cuenta la opinión de verdaderos expertos, no como los del exministro de Sanidad Salvador Illa, que nos tuvo engañados, pues no hubo tal «consejo de expertos», como terminaron desvelando. Entre las leyes están las de Educación, de la exministra Isabel Celáa, que atribuía al Estado la paternidad sobre los niños, como si estuviésemos en la antigua Esparta, donde las lagunas de conocimiento caracterizan el desarrollo de sus currículos, pero donde la ideología de género y el feminismo invaden todo; la ley de eutanasia, que sin agotar los cuidados paliativos pretende terminar con la vida o lo que quede de ella de las personas ya no productivas, pues parece que de eso se trata, no de terminar con los dolores, sino de terminar con los gastos generados al sistema sanitario; la ley de identidad de género; la Ley Orgánica de la libertad sexual; la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, la ley trans, y podríamos seguir, pues son muchas con las que a este proyecto de ingeniería social se está sometiendo a la sociedad española.

Y si la experiencia de la Ley del ‘solo sí es sí’ no puede ser más calamitosa, que se empeñan en no reformar, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año, que entra dentro de poco, el pago no ha podido ser mayor. Se han encargado de propagarlo tanto Otegi como Rufián, que sustentan al Gobierno (no han sido desmentidos). No hay vuelta atrás. Sánchez ha vendido el Estado por una temporada en la Moncloa. Suprimir el delito de sedición es dejar indefenso al Estado. La sedición, correspondiente a la alta traición de otros países de nuestro entorno con los que, se nos dice, nos homologaremos. Lo importante no es la defensa de la corrección ni de la verdad, sino el relato que articulan. Aquella ensoñación, según el Tribunal Supremo, que vimos en televisión, fue mucho más que tumultos. Iban a por todas, pero el Estado de Derecho aguantó y puso a cada cual en su sitio. Ahora, con la supresión del delito de sedición aquello del 1 de octubre de 2017 fue algo inexistente. Y si fue inexistente todos los encausados pasan a situación de inocencia, como si acabasen de recibir las aguas bautismales. Y a no deber nada «cuando la pela es la pela», pues le seguirá la rebaja del delito de malversación a la carta, que también aprobarán diputados y senadores faltando a su honor y a su palabra dada, la de defender la Constitución y las leyes. Ya, como los paniaguados de antaño obedientes a su amo se levantarán de nuevo y se afirmarán en su felonía. ¡Y a lo mejor el pueblo, incluso, les vuelve a votar! Nunca se sabe.