Almaraz, verdades, dudas y omisiones

Ante este escenario inusual, me preguntaba un amigo: «¿Y los propietarios de la central qué dicen?». Pertinente cuestión por cuánto en 2020 habían firmado el acuerdo de cierre, programado en 2027 para el reactor I y 2028 para el reactor II, después de haber solicitado y obtenido una prórroga de cinco años en su funcionamiento y que expira en marzo de 2025.

Dando por válidos todos los datos aportados en defensa de la continuidad, producción, empleo y buen funcionamiento de la central hasta la fecha, surgen algunas dudas para cerrar el debate, pues a juicio de quién suscribe estas líneas, frente a quienes aseguran que «el dato mata relato» cabe argumentar que el dato ilustra el relato, pero frente a unos datos existen otros y, como decía Campoamor: «Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo depende del cristal con el que se mira». En definitiva, existen más datos y verdades que, en ocasiones, puede interesar silenciar u omitir.

Otras cuestiones que deberían precisarse con mayor rigor podrían ir desde el exceso de regulación o la alta fiscalidad. En relación con la primera, entiendo que los propietarios no desearían un modelo como el de Francia, donde el titular es el Estado y no inversores privados, en lo que se refiere a reparto de dividendos o impuestos.

A la supuesta pérdida de competitividad de nuestras empresas por la alta presión fiscal, según declaraciones en Les Echos, enero 2025, de Jean Chistophe Caffet, jefe económico de Coface, «las empresas alemanas e italianas pagan su electricidad un 60-70% más cara que sus homólogas españolas». Solo Francia se puede permitir precios inferiores, dada la titularidad estatal.

Por otra parte, va siendo hora, gracias a los progresos tecnológicos de la biociencia, que el principio «quien contamina paga» sea superado, dado el conformismo que dicho principio provoca, «como pago, puedo contaminar». La conciencia de un mundo finito y la consiguiente degradación y agotamiento de materiales debe impulsar nuevas políticas de provisión de bienes y materiales.

Por ello, la pregunta clave es ¿pueden los propietarios de la central asegurar de forma expresa la continuidad con seguridad y el buen funcionamiento con las medidas de inversión ordinaria de mantenimiento realizadas? O, si ante una prórroga, tal vez, deberían haber realizado inversiones extraordinarias, como así lo han realizado en Francia, donde entre 2019 y 2022, hasta 17 reactores estuvieron paralizados para implementar medidas de corrección y seguridad exigidas tras Fukushima. Por no hablar de lo que han supuesto en desvío de plazos y aumento de presupuesto los ajustes en este sentido de las últimas construcciones de las centrales de Olikuoto, Flamanville o Sizewell.

La segunda gran cuestión es si su cierre pone en riesgo el abastecimiento de energía en el futuro en España. Baste recordar que, entre 2019 y 2023, la potencia solar fotovoltaica ha pasado de 8.746MW a 25.549MW. Y en conjunto, en ese período, el total de renovables, de 55.045MW a 77.039MW. Cuestión a la que deberá responder Redeia, antes Red Eléctrica Española.

Igualmente, entre las omisiones, cabe destacar el asunto de los residuos, sin resolver satisfactoriamente en ningún país y que deberíamos ir aceptando que, salvo grandes problemas geológicos, se quedarán por muchos años en lugares próximos a cada una de las centrales, pues resulta difícil imaginar desplazamientos de material de alta actividad entre territorios autonómicos.

La incidencia en el empleo debería ser objeto de mayor prudencia. Al menos por diez o quince años la zona será objeto de inversiones en el depósito y, en su caso, desmantelamiento. Además de fondos de transición ecológica y otras perspectivas de proyectos en todo el Campo de Arañuelo, sin parangón con otras zonas de la comunidad.

'Sí al futuro' debería ser la apuesta para que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético de Cáceres logre avanzar en soluciones innovadoras de nuevas fuentes y modos de almacenamiento de energías; así como la materialización de otros grandes proyectos anunciados en la zona.

Sin duda, Redeia y los propietarios de la central disponen de infinidad de datos y conocimientos para adoptar la medida más ilustrada de todas, y habría que desear que lo que acuerden sea, en esta ocasión, lo mejor para Extremadura.