Morir sin dolor y sin prisa

Esta semana conocíamos el nombre de la primera extremeña que se ha acogido a la nueva Ley de Eutanasia. Se trata de María Luz Calvo, quien estaba afectada de un cáncer de páncreas. Falleció en octubre, a los 91 años, como consecuencia del avanzado estado de su dolencia y sin que tuviera la oportunidad de completar todo el proceso administrativo de una muerta digna.

María Luz y su familia habían decidido acogerse a la eutanasia un mes antes de que se produjera el deceso. Su caso, por tanto, estaba aún dentro de los plazos que establece la ley para dar una respuesta a quienes solicitan ayuda para evitar una agonía innecesaria.

En estas circunstancias tan complejas, cada uno debe actuar según sus principios. En este sentido, la nueva ley lo que ha venido es a dar respuesta a una demanda social y a establecer un marco legal regulado que era preciso para quienes prefieren adelantar una situación irremediable y agónica. Nadie está obligado a acogerse a ella, por supuesto, y tampoco nadie debería estar obligado a seguir viviendo en contra de su voluntad, aun sabiendo que el dolor también forma parte de la existencia del ser humano.

La familia de María Luz, sin embargo, ha puesto sobre la mesa el debate de si el exceso de burocracia de la ley la convertirá en una norma ineficaz. Su propósito en los días posteriores al fallecimiento ha sido el de denunciar la falta de una respuesta rápida y los plazos excesivamente largos que, a su juicio, acompañan al proceso.

Conviene recordar que la Ley de Eutanasia lleva ocho meses en vigor, tras un debate social, médico, jurídico, muy intenso, con participación de profesionales muy diversos como corresponde a la complejidad del tema, y que se ha sustanciado en un texto legal del que no podemos decir, por tanto, que ya deba ser revisado porque el avance de la sociedad lo ha dejado anticuado como sucede con otras leyes.

Por otro lado, los plazos que se han establecido para dar una respuesta, en torno a 40 días, tampoco parecen para lo que estamos tratando demasiado largos.

Es cierto que el ciudadano que se encuentra en la tesitura de solicitar la eutanasia puede encontrarse con un muro demasiado alto de superar y una Administración poco ágil. Para empezar, Extremadura aprobó el pasado septiembre, tres meses después del plazo fijado, el decreto que regula esta ley. Era necesario para crear la llamada comisión de garantía y evaluación, que es el organismo que debe decidir sobre cada uno de los casos concretos.

El decreto también contempla el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. La persona que solicita la ayuda a morir debe tener, por tanto, una primera certificación de un médico que no sea objetor y, además, otra segunda de un médico consultor, que también evalúa el supuesto antes de trasladarlo a la comisión mencionada, hasta donde no llegó la solicitud de María Luz.

Cabe pedir, en definitiva, a la Administración que sea ágil y esté vigilante para que se cumplan los plazos cuando se trata de un derecho, el de la asistencia a morir, tan delicado como se puede comprender.

Pero también la sociedad debe ser consciente y enmarcar el derecho a solicitar la eutanasia en sus justos términos, sabiendo, por un lado, que llegados los momentos de una enfermedad que se ha convertido en irreversible existe una red de cuidados paliativos con extraordinarios profesionales que también ayudan a que el deceso se produzca con el menor dolor y las condiciones más dignas posibles. Encontraremos situaciones de todo tipo según la enfermedad, y tal vez no todas deban ir por ahí.

Por otro lado, respetemos los plazos marcados por una ley recién aprobada, que no se habrán puesto de forma arbitraria, y dejemos trabajar a quienes deben decidir sobre supuestos tan complejos. Morir con dignidad no debe ser una decisión tomada a la ligera, sino un derecho bien entendido por todos.

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