El tramo final de las negociaciones entre la cúpula socialista, Carles Puigdemont y la bicefalia Aragonés-Junqueras para procurar la investidura de Pedro Sánchez parece confirmar que la ley orgánica de amnistía satisfará al independentismo, pero presentará no pocas dudas sobre su constitucionalidad y sobre ... la posibilidad de que en ella entren todos los beneficiarios que pretenden los secesionistas. Además, aunque Junts y ERC han encontrado en las necesidades del presidente en funciones la oportunidad de darle la vuelta a su declive electoral y político situando esa excepcional medida como «el punto de partida» de un nuevo 'procés' a cuenta de la gobernabilidad de España, la proposición de ley no se aplicará hasta dentro de algunos meses. De modo que ni los independentistas podrán avanzar hacia sus otros objetivos con la celeridad que pretendían ni el PSOE superar este trago con una sola votación parlamentaria.
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La diatriba sobre la amnistía seguirá estando vivamente presente un año después de que Sánchez obtenga la investidura. A la reforma que el PP quiere introducir en el reglamento del Senado para dilatar la tramitación de esta y de otras iniciativas de calado se le sumarán recursos al Tribunal Constitucional, la eventualidad de que el Supremo presente una cuestión de inconstitucionalidad y la elevación de cuestiones prejudiciales a la justicia de la UE, junto al riesgo de que un ejercicio creativo de la iniciativa legislativa sometida a negociación depare sorpresas y efectos indeseados. Aunque recursos y cuestiones prejudiciales no paralicen necesariamente su puesta en marcha, esta se verá afectada y afectará a la vida pública. La amnistía no se volverá tan liberadora como necesita demostrarse a sí mismo el independentismo, ni dejará de desgastar al PSOE de Pedro Sánchez en tanto que se perpetuará como factor de fricción partidaria e institucional.
La sola hipótesis de que el Constitucional u otras instancias rebajen las expectativas de Puigdemont y de Junqueras sobre el alcance de la ley puede destejer de nuevo su estrategia una vez investido el presidente. La disposición de este al diálogo preferente con los secesionistas entrará en la vía lenta. El preámbulo de la norma servirá si acaso para interpretar el sentido de su articulado. Pero no podrá revisar la historia ni versionar la Constitución en términos que no estén contenidos en ella. Mucho menos si la contradicen, aunque la invoquen de manera retórica.
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