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Han transcurrido dos semanas desde que el 28-M dejara para Extremadura un resultado claro e incierto al mismo tiempo, con victoria del PSOE pero ... opción de gobierno para el PP, que así lo celebró; 14 días en los que se ha dejado pasar el tiempo y se ha avanzado muy tímidamente en la posibilidad de un acuerdo entre partidos, que fue lo que en definitiva dijeron los ciudadanos. Los extremeños no quisieron dar un apoyo mayoritario a ninguno de los dos grandes partidos en liza, que es la primera lección que deberíamos interiorizar.
El PSOE y el PP nunca se han llegado a plantear la opción de acordar entre ellos, y descartaron enseguida en la región la de abstenerse en favor del otro (la lista más votada). Ambas fórmulas, sin embargo, harían innecesaria la negociación con los extremos, de los que luego unos y otros tanto parecen recelar, y su puesta en práctica serviría también para aislar en particular a Vox, una formación política que reconoce abiertamente no creer en la autonomía de Extremadura, lo cual no le ha privado de tener un buen resultado electoral.
Así las cosas, el bloque de la derecha es el único que puede sumar hasta los 33 diputados necesarios y al PP no le queda otro remedio que llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal para que la comunidad pueda tener un nuevo gobierno. Para redondear esta segunda conclusión del 28-M conviene recordar aquí al conde de Romanones: «En política, cuando digo jamás quiero decir en el momento presente».
Pese a necesitarse mutuamente, 12 días han tardado los dos partidos en ponerse de acuerdo para el primer paso del pasado viernes. Hasta entonces, la candidata popular se ha visto esclava de sus palabras y Vox impuso una primera condición infantil para que María Guardiola hiciera un acto público de contrición del que al final ellos mismos han renegado. Entender la política como una humillación del otro no es buena señal para empezar. Y someter el futuro gobierno de la región a estrategias electorales nacionales, tampoco.
Los movimientos de acercamiento tendrán que irse definiendo bastante más en los próximos días si PP y Vox desean hacerse con el control del Parlamento regional, pero los definitivos acuerdos podrían alargarse hasta septiembre si se van agotando los plazos legales establecidos. No sería una buena noticia, desde luego, carecer de gobierno y tener una administración al ralentí durante tanto tiempo. Los movimientos estratégicos deben tener sus límites en el interés común cuando un millón de personas y miles de empresas están pendientes de ellos.
Una segunda convocatoria de elecciones autonómicas el próximo otoño, opción remota, abriría la posibilidad de alcanzar un gobierno más estable, pero ese resultado nadie lo puede garantizar. El PP puede sentir la tentación de que el voto útil y el rebufo de unos buenos resultados en las generales del 23-J les entregue la Presidencia en solitario, pero dar una nueva oportunidad al PSOE extremeño para que se rearme, probablemente con un candidato distinto a Guillermo Fernández Vara, podría hacerles perder lo que ya han conseguido. La apuesta de forzar una nueva convocatoria para crecer aún más quedaría en un cuento de la lechera para los populares.
La cuestión, por otro lado, es hasta qué punto un partido que ha logrado un muy respetable un ocho por ciento de los votos el pasado 28-M puede marcar las políticas que se hagan en esta comunidad durante los próximos cuatro años. La aritmética parlamentaria ha dejado a Vox en una posición de envidiable influencia, pero no habría que perder de vista el peso real que los ciudadanos le han dado en los recientes comicios a la hora de que sean ellos los que impongan su visión de la gestión pública que también afecta al 92 por ciento de los votantes que decidieron no apoyarles.
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