Análisis

Con cara de tontos

Pero en estas fechas de investidura y agitación de las calles, resulta interesante hacer el ejercicio de trasladar esa distinción entre lo importante y lo útil al terreno de la política cuando, por ejemplo, se revisan los acuerdos que permitirán a Pedro Sánchez ser otra vez presidente del Gobierno. Con una legitimidad plena, por cierto, si defendemos de verdad la Constitución, que nos define como una monarquía parlamentaria, y no solo aquellos trozos que nos gustan. La Carta Magna no es una escalera en la que cada uno puede decidir en qué peldaño se queda.

La investidura se producirá gracias a la futura ley de amnistía, que ya se dirá si es o no constitucional, pero también a otros muchos compromisos negociados con partidos periféricos que van alcanzando sus reivindicaciones, y que tienen que ver con cosas muy concretas: infraestructuras, un plan de investigación, más juzgados, programas de mejora para los servicios públicos en sus territorios, etcétera.

Porque hace ya tiempo que la acción política en nuestro país no gira, no solo, en torno a ese eje derecha/izquierda de grandes rasgos, sino a la del centro/periferia, y ahí, en ese pulso, las comunidades que cuentan con fuerzas políticas de peculiaridades propias, de mayor o menor pulsión nacionalista, han ido consiguiendo más ventajas en detrimento de otras, como Extremadura, que carece de ellas. La consecuencia es que un diputado canario, dos gallegos o cinco vascos resultan más determinantes que todos los parlamentarios socialistas (y cuando ha sido el caso, del PP) extremeños que se sientan en Madrid. No tiene nada que ver con la capacidad personal de cada uno, sino del sistema que tenemos, y de esa disciplina partidista que achica hasta casi anularlo el peso de los escaños que aportamos desde la región. Nuestros representantes son soldados de un ejército cuyas prioridades son otras, y así suele irnos. Son importantes para la suma de una investidura, pero su utilidad es discutible.

En esta tormenta de pactos, a los extremeños nos tocarán mejoras de calado, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo (lo que se acuerda en el otro eje), tal vez la condonación de deuda gracias a Cataluña, pero nuestra tajada es inferior a la de otros territorios con partidos que tienen menos votos que los que registran en Extremadura el PSOE o el PP. Comprobar que varios de esos acuerdos recogen mejoras en el ferrocarril da el consuelo de saber que en todos los sitios cuecen habas, pero nos deja también con cara de tontos.

Más allá del ruidoso debate sobre la amnistía, que ciertamente puede tener el efecto apaciguador sobre nosotros, los extremeños, de disfrutar de una convivencia pacífica como país (ese es el deseo) o, como está sucediendo estos días, el de tensionar el clima social en las calles, hasta el extremo indeseable de que algunos políticos eviten hoy ciertos lugares, algo nunca sucedido en esta región y reprobable; cuando se serene este estado de cosas, digo, la acción del nuevo gobierno saliente deberá tener muy presente que lo es también por los votos logrados y los diputados aportados desde aquí, tan importantes para la suma final de esa mayoría como el resto, aunque no se preparen escenas del sofá, firmas de acuerdos ni se plasme en fotografías. En definitiva, hacer saber que el voto de los extremeños también tiene que ser útil para alcanzar nuestras propias reivindicaciones.