Fumar no es de derechas

Extremadura, que lidera junto con Asturias el ranking de cáncer de pulmón, es la única comunidad que carece de plan antitabáquico propio, tantas veces demandando por los médicos de la región y tantas veces prometido y postergado. En el corto periodo de tiempo que lleva la nueva administración tampoco parece que se haya avanzado en ese sentido.

Hacernos aquí los despistados porque seamos la principal zona de producción, o pensar ahora que las cajetillas genéricas que se proponen también nos perjudicarán, es un debate populista y, por tanto, falso: los cultivadores de La Vera y Campo Arañuelo podrían seguir su actividad aunque no se fumase un solo cigarrillo en España, se trata de un mercado mundial; pero si no se cultivara ni una sola hoja de tabaco en Extremadura ni en nuestro país, los ciudadanos que quieran podrían seguir fumando igualmente.

Lo que finalmente han cerrado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas es ponerse de acuerdo en que fumar no es bueno, por si alguien todavía defiende otra cosa, y dejar para otra ocasión el modo en que se puede avanzar en la lucha contra el tabaco. Patada para adelante. Le suele pasar a todos los nuevos ministros y ministras que llegan a la devaluada cartera sanitaria: piensan que pueden decidir cosas y los consejeros y consejeras respectivos se ríen en su cara. La culpa ahora ha sido de la actual responsable, Mónica García, obligada a dar marcha atrás, y esa manía de querer imponer un plan sin trabajarse antes los puntos de acuerdo: si hay algún ámbito en el que no tiene sentido que un territorio permita algo y otro lo prohíba es el de la salud.

El nuevo plan antitabaco llevaba varios años en el cajón precisamente por eso, y de lo que se trataba ahora era de avanzar en los lugares sin humo. Ya hemos comprobado que España es un país en que lo único que avanza con decisión es el espacio que ocupan las terrazas en la vía pública de nuestras ciudades, primero por el cigarrillo prohibido dentro, luego por la pandemia y ya, por costumbre. Pero una vez que hemos certificado que era posible prohibir fumar en los centros de trabajo y en los recintos cerrados en general sin que se hundiera el mundo ni la economía ni nada, es el momento tanto de hacer cumplir con más contundencia la normativa en vigor, lo cual es competencia de las autonomías, como de profundizar en una legislación que evite que siga habiendo tantas muertes asociadas al tabaco y que las generaciones más jóvenes hayan normalizado el cigarrillo y los nuevos productos alternativos.

Si, por el contrario, en lugar de afrontar el tabaco como una cuestión exclusivamente de salud, se mete en la batidora del enfrentamiento ideológico, que acaba resumido en que la derecha quiere que te puedas tomar una caña y fumarte un pitillo a gusto, pero la izquierda, amante del Estado, pretende controlar hasta lo que haces en tu tiempo libre, con tu dinero y con tu cuerpo, como ya se vio también con el absurdo debate de me pongo o no me pongo la mascarilla, si lo reducimos al brochazo de la pugna política, seguiremos teniendo sobre la mesa las estadísticas de víctimas del tabaco, que son muy tercas y preocupantes.