El juicio de los cursos

Lo que se dirime no es complicado de entender ni resultó verdaderamente una gran sorpresa antes de que se judicializara. Llegó un momento en que los cuantiosos fondos habilitados para cursos de formación para ocupados o parados también servían en la práctica de una forma encubierta y hasta chapucera para sostener a estas entidades, de modo que lo que se recibía para actividades formativas se usaba igualmente, inflando facturas y haciendo simulaciones de alquileres de aulas o de asistencia real de alumnos, para los gastos corrientes de las organizaciones empresariales y sindicales, o incluso afrontar la contratación de personal necesario para otras tareas.

Eso es lo que se ha investigado de forma tan concienzuda (la instrucción ha implicado a más de 10.000 personas) y es lo que aún debe probarse, sin que conste enriquecimiento de los encausados (no se maneja el delito de malversación, aunque sí el de fraude y falsedad documental), algunos de cuyos dirigentes aún siguen en primera fila con su representatividad intacta.

Poco tiempo después de su denuncia, el PP, que había empezado hablando de corrupción, aseguraba que se trataba del mayor caso de corruptela de Extremadura, diferencia terminológica que en la mente del español medio se interpreta como un no es para tanto o todo el mundo lo hace así. Hoy, debido al tiempo transcurrido, parece una historia muy lejana y a la vista de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años en este país, algunos muy mediáticos y de enriquecimiento sonrojante, un caso menor. Pero no lo es, ni por las cantidades que se manejan ni por los implicados.

Porque de lo que trata es de que el ciudadano tenga la seguridad de que el dinero público tiene exactamente el uso para el que aprueba y destina. No debe justificarse la flexibilidad de los controles, el desvío de los fondos y el engaño a la administración por un supuesto bien mayor, que en este caso seria mantener a flote organizaciones de empresarios y de trabajadores, agentes necesarios sin duda en nuestra sociedad siempre y cuando sean el primer ejemplo de lo que a su vez predican o exigen a otros. El fin no justifica ciertos medios. Su actividad claramente se puede poner en entredicho si se comprueba que mal usan el dinero público que se les aporta o que consiguen con dudosos métodos.

En los juicios pendientes se dirimirá si lo que se investiga se reduce a esas irregularidades administrativas o pequeñas lagunas que aducen; o si, por el contrario, había una clara intencionalidad fraudulenta y una diseñada estrategia de engaño para conseguir más fondos públicos de los que realmente merecían por su actividad formativa.

La tardanza en juzgarse los hechos, con las habituales tácticas dilatorias, actúa en contra del buen nombre de las patronales y sindicatos investigados, que deberían ser los mayores interesados en que demostrara que no actuaron con ánimo de engañar.