El pecado original de Azagra

En este sentido, el atestado de más de 400 páginas ha parido un ratón, un ratón además conocido en los aspectos básicos, que consisten en que la Diputación ofertó un nuevo puesto de trabajo, al que se presentaron casi una docena de aspirantes, y que se eligió al hermano del presidente del Gobierno por su currículum y por la buena impresión que dio en la entrevista con la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, hoy concejala en Talavera.

Los mensajes apuntan que la Diputación fue dando los pasos administrativos necesarios para cumplir con el proceso de legalidad que debe acompañar una nueva plaza, de carácter eventual, pero también que trató de darle el mayor realce posible a este puesto de trabajo que nadie había pedido, cuyas tareas eran difusas y que se justifica de manera vaga y contradictoria, con un modo de contratación que facilita elegir a la persona deseada.

Lo que se intuye de todo lo entregado por la UCO, pues, es lo que ya se barajaba en 2017, un probable caso de enchufismo cuyas sospechas se pudieron leer entonces en este diario y fueron denunciadas públicamente (y replicadas desde la Diputación) por Unidas Podemos. A día de hoy, sigue sin estar claro si las decisiones adoptadas constituyen materia delictiva contra la Hacienda Pública, y por ello la juez Biedma quiere aclarar los indicios de criminalidad que observa antes de decretar el archivo de las actuaciones u ordenar la apertura de juicio oral, en cuyo caso, por aplicación de los propios estatutos del PSOE, la carrera política de Miguel Ángel Gallardo se vería muy comprometida. A eso esperan, por otro lado, los socialistas extremeños críticos con su gestión al frente del partido, pero que no se atreven a dar batalla en primarias.

Antes hemos hablado de que el informe parió un ratón, pero solo por dos motivos. El primero, porque este país se ha acostumbrado a convivir con la cultura del enchufismo, que logra prosperar por los resquicios de la ley, y al que no se concede por regla general la trascendencia que se debería como hermano menor que es de la corrupción, pero que erosiona de igual forma las bases de una sociedad sana.

La segunda razón se debe a que si el caso Azagra ha llegado ahora a los tribunales es solo porque se ha convertido en un asunto de caza mayor, contra el presidente del Gobierno y contra Gallardo tras ser elegido líder del PSOE extremeño, que se ha ido engordando a partir de ese pecado original gracias a la desinformación y a bulos propagados en pseudomedios y redes sociales, aceptados por cargos públicos de partidos como PP y Vox, ambos personados.

El propio informe de la UCO considera un burdo error la asignación de 1,4 millones de euros en las cuentas del hermano de Sánchez, cálculo que ha dado pie a multitud de acusaciones de enriquecimiento ilícito del músico. De igual modo, hasta ahora se han demostrado infundadas las insinuaciones de fraude fiscal de Azagra por el hecho de vivir en la localidad portuguesa de Elvas, que sirvieron de base para los grandes titulares en los que Manos Limpias basó su denuncia.

Hoy todo eso ya da igual una vez logrado el deseado efecto político de la imputación, aunque esta se deba al pecado original en el que Gallardo, solo o en compañía de otros, pudo incurrir en 2017.