Rocambolesco y casi trágico

Sin embargo, nos quedamos realmente muy cortos después de conocer, por la propia Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que la balsa La Maricana fue construida en 1994 por la Junta de Extremadura sin permiso, y que lleva más de 30 años de manera ilegal, aunque eso no haya impedido que la propia CHT realizara inspecciones de la dotación hidráulica ni que la Junta se haya ocupado de su seguridad, con el resultado, sin embargo, que acabamos de comprobar.

Las causas exactas que desencadenaron la rotura de la balsa aún deberán esclarecerse y se tendrán que fijar, por tanto, las responsabilidades debidas de las administraciones implicadas, pero es muy inquietante lo que se ha conocido hasta ahora, que es que tenemos infraestructuras con miles de litros de agua a las puertas de nuestras casas construidas con la sombra marcada de la irregularidad.

El propio consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha calificado esta situación heredada de «rocambolesca», y efectivamente lo es. El desbordamiento de Jarandilla debería llevar consigo una revisión más pronto que tarde de todas las balsas y dotaciones similares con las que cuenta la región para conocer su estado de seguridad, como objetivo prioritario; pero también se debería tirar del hilo y conocer la información de origen para aclarar las responsabilidades a futuro en el caso de sucesos como este y otros mayores que pudieran producirse. En definitiva, ¿cuántas balsas irregulares tenemos al borde de nuestros municipios? ¿En qué situación de seguridad se encuentran? ¿A quién le corresponde asumir la responsabilidad de posibles reparaciones, indemnizaciones e incluso el coste de vidas humanas si llegaran a producirse?

Muchas preguntas que surgen a raíz del caso de la balsa de Jarandilla, que podía haber tenido peores consecuencias si tenemos en cuenta que carece de un plan de emergencias, solicitado por la propia Confederación en varias ocasiones durante un plazo de seis años, y que todavía sigue sin aprobarse. Que ni unos ni otros, ni la Administración central ni la autonómica, han demostrado con este caso la diligencia debida es algo bastante notorio. Afortunadamente, los vecinos del municipio verato lo han podido contar, pero habrá que hacer mucho mejor las cosas para que no haya más personas que sufran lo que han padecido ellos ni consecuencias peores llegado el caso.

Con todo, lo que menos se le perdonaría ahora a las instituciones y organismos públicos es que inician una senda de enfrentamiento con el mero objetivo de sacudirse responsabilidades por lo sucedido. Mejor sería que la Confederación del Tajo y la Junta afronten con voluntad de entendimiento y colaboración tanto la investigación de la rotura de la balsa y el modo de compensar los daños, como la revisión del resto de infraestructuras por si pudieran encontrarse en un estado parecido, y sorprendente, de ilegalidad.

En cualquier caso, también hay que reseñar que pese al episodio de Jarandilla, la cadena de borrascas que está padeciendo la región, con sus numerosas consecuencias de crecidas de ríos, desembalses, infraestructuras viarias dañadas, etcétera, sí ha puesto de manifiesto, hasta el momento, un correcto ejercicio de prevención en lo que tiene que ver con las cuencas y toda la labor de protección civil en general que se ha desplegado.