Viviendas contra la democracia

La desaparición de la VPO, la vivienda a precio tasado, que en las décadas pasadas permitía tener un primer hogar y además tiraba de los precios generales hacía abajo, al aportar más oferta al mercado, es una de las razones que influyen en esta escalada de precios, para la venta y el alquiler, y ya hay teóricos que adelantan que puede poner en riesgo la propia democracia: si un sistema no permite a la persona vivir con dignidad, no sirve, y busca fórmulas diferentes que se la faciliten, a costa de otras renuncias si hace falta.

La ausencia de la vivienda de protección oficial solo es uno de los muchos factores que explican el aumento incesante de los precios, influidos también por la falta de suelo (en su eterno y complicado trámite parlamentario la nueva ley) o la poca oferta de nuevas casas, menos de la mitad que en los momentos del 'boom' inmobiliario de hace ya casi 20 años, y que obligó a la parte del sector que sobrevivió a reajustarse. Los nuevos hogares, con una población creciente por la llegada de extranjeros, no tienen dónde comprar o alquilar.

A eso se une el parque de casas vacías, las que salen para dedicarlas a pisos turísticos y, sobre todo, la entrada masiva de capital internacional que ha irrumpido en el mercado español para invertir y especular. Algunos países, afectados también por la especulación inmobiliaria de este tipo en grandes ciudades, ya han tomado medidas drásticas como la prohibición de que se pueda comprar una vivienda en la que no se va a residir.

En España, como sucede ya con todo, la carestía de comprar un piso o vivir de alquiler sin que eso obligue a dedicar tu vida y tu sueldo, se ha enredado en el enfrentamiento político y ha dejado de momento sin impacto aparente la nueva ley de vivienda, aprobada el pasado año para introducir medidas correctoras. Su desarrollo, en manos principalmente de las comunidades autónomas, donde son mayorías las del PP, se encuentra obstaculizado por el choque entre los dos partidos mayoritarios, de tal forma que los ciudadanos que están a la espera de que bajen los precios y puedan acceder a una casa van a seguir haciéndolo durante largo tiempo.

Extremadura siempre ha sufrido una menor presión de precios al hablar del mercado inmobiliario, pero también lo nota en justa proporción a los menores ingresos medios de sus ciudadanos. Las medidas que se han ido anunciando, como la venta de suelo perteneciente al Ministerio de Defensa para levantar casas y la cesión de parcelas municipales para hacer obra pública, destinada al alquiler asequible, avanzan de forma tan lenta que no suponen solución alguna ni a corto ni a medio plazo. Mientras tanto, acciones como el bono de alquiler joven (hasta 35 años) que alivian pero que no dejan de ser un parche, agotan las partidas presupuestarias destinadas y evidencia aún más si cabe el problema existente pero sin resolverlo.

De esta forma, o los partidos y las respectivas administraciones que gobiernan entienden que la mala política no puede afectar a todo ni impedir los proyectos de vida de tantos miles de personas y familias, o verdaderamente la vivienda se convertirá en nuestro país en un factor de desequilibrio social, con unas consecuencias imprevisibles.