Pamplona, paso atrás

El desalojo ayer de UPN de la Alcaldía de Pamplona, justo siete meses después de las elecciones del 28-M que situaron a los regionalistas como la fuerza más votada pero con posibilidad de una entente alternativa de Gobierno municipal, representa la alianza más comprometida ... y de mayor calado que ha sellado hasta ahora uno de los dos partidos llamados a dirigir España –el PSOE– con la formación que encarna a la izquierda abertzale en la etapa post-ETA. La moción de censura constituye un instrumento constitucionalmente legítimo y políticamente posible en tanto que lo protagonizan partidos que forman parte del entramado institucional y sus candidatos se han sometido al escrutinio del voto ciudadano. Pero lo legal y lo factible no otorgan por sí solos la pátina de respetabilidad que debería exigírsele al desempeño de las responsabilidades públicas. El mismo Pedro Sánchez que accedió a la Moncloa a través de la moción que desbancó a Mariano Rajoy, amparándose en la condena de la corrupción del 'caso Gürtel', ha optado ahora por que los decisivos votos del PSN aúpen al Ayuntamiento pamplonés a una izquierda abertzale a la que los propios socialistas reprochan que no haya cubierto el trecho que le queda por su complicidad con la violencia etarra; un argumento que emplean, además, para negar que la operación vaya a repetirse en el País Vasco. Es esa izquierda abertzale que llevaba sentenciados por terrorismo en sus listas para el 28-M, tras el cual el PSN permitió que Cristina Ibarrola fuese alcaldesa. Si un pacto es tan defendible hoy, por qué cupo considerarlo vergonzante o ponzoñoso hace siete meses, cuando Sánchez se jugaba en las urnas su porvenir.