Paridad

¿Cambiarán con la ley de Paridad los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder por oposición o concurso a las plazas de la Administración pública? ¿O se reservará un cupo igualitario para hombres y para mujeres, como ya existe para discapacitados? Tendría su lógica si luego se quiere que los puestos directivos también sean paritarios. ¿Se garantiza así realmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

Son muchos los interrogantes que salen al paso. A veces las leyes no son capaces o adecuadas para romper las inercias sociales cuando pierde fuerza el concepto de «colectivo vulnerable». Me explico: el porcentaje de mujeres maestras de educación infantil es de un 96%, y en el resto de enseñanzas no universitarias, del 72%, copando el 67% en puestos de dirección. ¿Será justo aquí aplicar la paridad despojando a las mujeres de una buena parte de su representatividad en aras de un igualitarismo por decreto? Nadie ha obligado a las mujeres a elegir mayoritariamente la profesión docente, como tampoco nadie las obliga a no estudiar informática y electrónica en FP, o acceder al mundo empresarial. Esa libertad no se puede alterar después con políticas de cuotas paritarias aduciendo el machismo de la sociedad.

Una cosa es introducir listas cremallera en la Ley Electoral, y otra forzar una paridad postiza en esferas profesionales contraviniendo tendencias de género que no se deben a ninguna discriminación, sino a la libre elección.

¿Acabar con la desigualdad? Pues claro. Pero ni hombres ni mujeres merecen que la discriminación venga precisamente de una ley. Como tampoco merecen, quizás, una ministra de Igualdad que diga «vosotres» o «todes».