La celebración de la Pascua Militar llevó ayer al Rey Felipe VI a realzar el papel desempeñado por los servidores públicos que integran las Fuerzas Armadas en su «defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles». La Constitución de 1978 atribuyó a los ... ejércitos «la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Pero el significado actual de ese compromiso se ha trasladado de las garantías que el sistema de libertades requería frente a las amenazas de una involución golpista o reaccionaria a las necesidades que una sociedad abierta presenta respecto a los riesgos liberticidas y autoritarios que se extienden por el mundo. La presencia de 3.600 militares en una veintena de misiones internacionales no es un mero acto de voluntad. Atiende a que nuestras Fuerzas Armadas se ven obligadas a preservar los derechos de los españoles lejos de nuestras fronteras. Sea para prevenir la expansión del fundamentalismo yihadista en sus distintas variantes, sea para salir al paso de los afanes del Kremlin por dominar o anular Europa. Desde antes del 11-S, todas las sociedades occidentales se vieron en la necesidad de adelantar miles de kilómetros las filas de su defensa. Tras la agresión de Rusia contra Ucrania, las amenazas contra la seguridad de los países libres adquirieron otra dimensión. Si el problema del yihadismo terrorista era ya acuciante, y difícil de afrontar cuando arremetía contra sistemas garantistas, la posibilidad de que autocracias como la rusa o la china pudieran enseñorearse en el hemisferio norte entrañaba un desafío al que la España democrática debía enfrentarse desde la UE y la Alianza Atlántica.
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No cabe hablar de derechos y de libertades sin que las Fuerzas Armadas se encarguen de los aspectos más críticos de la seguridad de un país y de su soberanía efectiva. Atrás quedaron las inclinaciones a derivar hacia otros Estados la responsabilidad de la defensa propia. Pero por justo y merecido que sea el reconocimiento de la contribución española a la realización de los objetivos comunes de seguridad para los países aliados, 3.600 militares desplegados por el mundo no son razón suficiente para que el Gobierno de España pretenda establecer su propia agenda internacional. Bien sea mostrándose renuente a participar en la defensa del libre tránsito por el Mar Rojo, bien fijando doctrina respecto a la situación que atraviesa Gaza a causa de la contraofensiva israelí frente a Hamás.
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