Un año de la nueva Consejería de Gestión Forestal

El momento en que nos encontramos, en el que precisamente Vox acaba de retirar el apoyo al PP, pienso que no tiene por qué interferir y suponer ningún inconveniente al gobierno autonómico y su continuidad, al contrario, creo que es una buena noticia que el consejero Ignacio Higuero haya sido ratificado en su cargo, pasando la Consejería a ser dirigida por el PP.

Cuando se produce un cambio de gobierno tan deseado, después de tantos años de un mismo color político, lo que se debe esperar es que se legisle, que se lleven a cabo modificaciones en las leyes regulatorias, se promulguen o modifiquen los decretos que fueron aprobados por el anterior gobierno que permitan cambiar las políticas tan restrictivas e intervencionistas que hemos sufrido.

¿Y cuáles son los cambios regulatorios que podemos vislumbrar a día de hoy? Mi percepción es bastante negativa. Al menos, es lo que puedo decir en el ámbito de la caza y la gestión forestal, que son las áreas de la Consejería que más me interesan y afectan.

¿Se ha promulgado algún cambio sobre la Ley de Caza 14/2010 aprobada por el gobierno socialista y su correspondiente Reglamento en vigor Decreto 34/2016? Pues que yo sepa no, quizás pueda estar equivocado, pero no tengo conocimiento de que se haya iniciado el trámite reglamentario para modificar o promulgar una nueva Ley de Caza que tanta falta hace. A este respecto, a principios de este año escribí un artículo en este mismo medio mostrando mi indignación y la injusticia que se estaba cometiendo con los titulares de cotos de caza extremeños, al ser objeto del impuesto de aprovechamientos cinegéticos más alto de España y con mucha diferencia sobre el resto y, a modo de ejemplo comparativo, puse el caso de un coto andaluz que pagaba la decima parte que uno extremeño. Es de justicia y de verdadera urgencia que se nos iguale al resto de España. Me pregunto ahora, ¿tiene el Gobierno extremeño alguna intención de modificar este impuesto? Es de agradecer que la presidenta María Guardiola haya mostrado pública y reiteradamente su deseo de apoyar e impulsar al sector de la caza. Hay que pensar, por tanto, que la respuesta será afirmativa.

Del área forestal podríamos decir prácticamente más de lo mismo. En cuanto a la dehesa y su problemática, que es indudablemente el ecosistema de mayor valor natural en Extremadura, lanzo la misma pregunta: ¿se ha iniciado o promulgado algún cambio sobre la legislación que regula la dehesa, los decretos que regulan sus aprovechamientos y las ayudas a que puedan acogerse? No tengo conocimiento de que exista. Al menos no he visto ninguna publicación en los medios de comunicación de que así sea, ni tampoco en el DOE .

Sí debo mencionar la satisfacción que me ha causado una noticia reciente en HOY, donde se informa que la Consejería ha encargado un estudio sobre la afectación de la plaga del cerambyx welensii sobre las dehesas en Extremadura. Creo que se trata del problema de más gravedad que afecta a nuestra dehesa. Ya es hora que se le preste la atención que requiere. Esperemos que pronto tengamos las conclusiones y se obre en consecuencia.

La excesiva lentitud en los procesos administrativos de tramitación de las ayudas es otra de las asignaturas pendientes que la Consejería heredó del anterior gobierno. En este campo, tengo información directa, al menos, de una convocatoria de ayudas tendentes a incrementar el valor de los productos forestales que fue publicada el 11 de septiembre de 2020. Pues bien, después de casi cuatro años, aun no se ha resuelto con escasos 30 expedientes aprobados provisionalmente. Esto debe cambiar radicalmente.

Finalmente, aunque la protección medioambiental y conservación de la naturaleza no forma parte de las competencias de esta Consejería sino de la Dirección General de Sostenibilidad que pertenece a Agricultura, ambos campos de trabajo están muy interconectados entre si y en este sentido, es justo reconocer la gran labor que está llevando a cabo esa Dirección General con el señor Puebla al frente, y creo que ello debe contemplar un cambio sobre la Ley 16/2015 de Protección Ambiental, que limita en exceso el desarrollo de Extremadura a todos los niveles.

Espero que el Gobierno de la Junta de Extremadura tome conciencia de ello.