Plácido Domingo y el desconcierto

Tras ser anunciado por la organización, la secretaria general de Podemos, Irene de Miguel, dijo que era «bochornoso y lamentable» que la Junta financiara con dinero público un festival que clausurará «una persona denunciada por numerosas mujeres como un acosador sexual», y se preguntó cuál era el compromiso feminista del PSOE extremeño. Y un día después la Junta rechazó el concierto y decidió que la Orquesta de Extremadura no actuaría en el mismo como estaba previsto y se había anunciado.

Pero el Consejo de Gobierno también decidió, sobre la marcha y con poca reflexión, que a partir de este momento, para que la historia no se vuelva a repetir, la programación de cualquier concierto, festival o evento que cuente con patrocinio de la Administración regional deberá ser aprobada con anterioridad. Así que la polémica ha ido avanzando, también la venta de entradas para escuchar a Plácido Domingo en el Teatro Romano, con opiniones y manifestaciones varias sobre si se debe o no contratar al tenor, si acudir a su actuación significa apoyar el acoso a las mujeres, si la Junta tiene que visar cualquier evento que cuente con su patrocinio...

El informe encargado por el sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos (AGMA) constató hace un año, después de que más de 20 mujeres denunciaran el comportamiento «inapropiado» del cantante español, que estas acusaciones eran ciertas e iban desde «el flirteo hasta proposiciones sexuales, dentro y fuera del ámbito de trabajo». También la Ópera de Los Ángeles, de la que Domingo era director cuando se produjeron estas acusaciones, concluyó que eran «creíbles», tras llevar a cabo una investigación en la que se entrevistó a 44 personas y se revisaron 500.000 documentos, según detalló en una nota de prensa la entidad en marzo del pasado año. Y el propio tenor, después de negarlas, las reconoció: «En los últimos meses he tenido tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que han hecho contra mí varias de mis colegas. Respeto el hecho de que estas mujeres finalmente hayan tenido el valor de denunciar y quiero que sepan que estoy verdaderamente arrepentido del daño causado. Asumo completamente la responsabilidad por mis actos y he crecido a partir de esta experiencia».

¿Esto supone que Plácido Domingo nunca más puede actuar, que está inhabilitado como tenor? No lo creo. Me parece que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, lleva razón cuando dice que los promotores del festival tienen libertad para contratar. Faltaría más. Exactamente la misma que tiene cualquiera para gastar su dinero en la compra de una entrada y disfrutar de una actuación, también por supuesto del concierto de Plácido Domingo.

Pero otra cosa bien distinta es si con dinero público, en este caso el que aporta el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura, se debe apoyar la actuación de un hombre del que no se cuestionan sus dotes artísticas –la ovación que el público brindó a Domingo en su regreso al Auditorio Nacional es buena muestra de ello–, pero cuyo comportamiento personal ha sido censurable.

Y es aquí donde la Junta ha generado el desconcierto a cuenta del concierto de Plácido Domingo. Porque las medidas que se anuncian deben sustentarse, a ser posible, en un sosegado análisis previo y no tomarse, como da la sensación de que ha ocurrido en este caso, a salto de mata. Porque si la Administración regional pretende convertirse en un órgano censor y decidir a partir de ahora qué programación cuenta con su patrocinio y cuál no, qué artistas tienen su visto bueno y cuáles no, deberá establecer y dar a conocer antes unos criterios objetivos en los que basar esa decisión. Para que el reparto del dinero público no sea arbitrario.

¿Y cuáles pueden ser esos criterios objetivos?, ¿en base a qué se podría vetar una actuación?, ¿cuál podría ser la razón para no subvencionar el concierto de Plácido Domingo?, ¿ basta con haber tenido una conducta reprochable en el pasado?, ¿se exigirá haber sido condenado por la justicia? Es más. Si el artista ha sido condenado y ha cumplido la condena, ¿se puede mantener para siempre el veto?

Pedimos con mucha frecuencia que nuestros dirigentes sean escrupulosos en el gasto del dinero público, que su reparto responda a criterios objetivos y que quienes son beneficiarios de esas ayudas los cumplan a rajatabla. Porque así debe ser. Pero para poder ser escrupulosos en el reparto del dinero público, es indispensable serlo igualmente con los criterios que rigen ese reparto. Y, desde luego, no se es cuando no hay otro criterio que lo políticamente correcto.