Plasencia y la multa policial

Porque ocurre no solo que nos hemos tenido que dotar de una Ley de transparencia y buen gobierno para que se rinda cuenta del manejo de los recursos públicos, sino también de un órgano que fiscalice su cumplimiento y, aun contando con las herramientas a priori suficientes, la luz y el taquígrafo del que suelen hacer gala los responsables de cualquier administración o institución desaparecen como por arte de magia cuando la cosa no interesa. En Moncloa y mucho más abajo. Porque lo mismo que ocurre con los aviones del presidente de España pasa con los coches camuflados de la Policía Local de Plasencia.

El ayuntamiento de esta ciudad lleva meses tratando de averiguar por qué un vehículo policial y camuflado, de los que no se sabe si lo son o no por tanto, viajó a Portugal en dos ocasiones sin que tuviera autorización para ello. Desde luego al menos no tenía conocimiento, puesto que ha sabido que se hicieron esos viajes porque han llegado dos multas al Consistorio por impago del peaje.

Al parecer en esas sanciones figura la matrícula del coche en cuestión pero no el nombre del conductor, así que desde el Gobierno local se ha pedido al máximo responsable de la Policía Local, el intendente Enrique Cenalmor, que diga quién conducía el coche y porqué viajó al país vecino. Porque supuestamente también el cuerpo debe contar con un registro de esos vehículos para controlar su uso y garantizar que es el correcto, es decir, que se utilizan para el desempeño de labores policiales y no de otro tipo.

En cinco ocasiones ha pedido el ayuntamiento a Cenalmor los datos del conductor del coche camuflado y continúa sin tenerlos. Supuestamente, porque en esta polémica suscitada en la capital del Jerte todo es al parecer. Y el motivo de que así sea, de que no se tenga información fehaciente de lo que está ocurriendo, es que se trata de una «investigación reservada». Es el argumento que ha dado el Gobierno local para no informar con detalle de este asunto, como si hacerlo pudiera acarrear alguna consecuencia perniciosa que, desde luego, no se alcanza siquiera a vislumbrar, o podría suponer el no esclarecimiento de lo que se trata de averiguar, aunque a la vista está que «la investigación reservada» de momento ha dado poco fruto.

De hecho el único que ha hablado ante los micrófonos y las cámaras de las multas de Portugal ha sido el propio intendente, aunque con sus declaraciones, lejos de aclarar, ha enturbiado un poco más si cabe el asunto.

En una comparecencia junto a su responsable político, el concejal de Interior, David Dóniga, el jefe de la Policía Local dijo que es él quien había pedido a Portugal información para esclarecer lo ocurrido, que no se trata de una multa, sino de una reclamación por no haber pagado el peaje. Dejó entrever que quizás no había sido ningún agente ni ningún mando el que conducía el vehículo, que tal vez ni siquiera era un vehículo de la Policía Local, «porque hay gente que puede cambiar las matrículas de los coches», que hay constancia del viaje de ida al país vecino, «pero el coche se debió quedar en Portugal, porque no lo hay de vuelta» y que, en cualquier caso, entiende que se ha montado mucho revuelo por una multa de agosto de 2020. «Se le está dando un pábulo tremendo», dijo.

Y ese es el gran problema, no entender que el revuelo no es por una multa o reclamación, como prefiere llamarla el intendente de la Policía Local de Plasencia, y consiente el concejal de Interior cuando está a su lado, escucha y se limita a decir que «estamos a la espera de respuesta». El problema es lo que desvela esa multa, que es exactamente que cabe la posibilidad de que se haya hecho un uso personal de un recurso público, en este caso de un coche policial que no es de ningún agente, de ningún mando ni de ningún político.

La actuación de los responsables de cualquier administración debe tener líneas rojas infranqueables y el mal uso de un recurso público es una de ellas. Simplemente la sospecha debía ser suficiente para buscar una aclaración de un día para otro. Pero no es lo que está sucediendo con los coches camuflados de Plasencia. Aunque la investigación sea reservada, haya que respetar los plazos legales y demás, el concejal de Interior, en la comparecencia junto al intendente, debía haber asegurado al menos a los ciudadanos, a quienes se deben los políticos, que se aclarará lo ocurrido para garantizar el uso correcto de los recursos que son de todos. Y, desde luego, que se pondrá remedio para que de verdad haya un registro del uso de esos vehículos.