El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, declaró ayer sentirse preocupado por la «reacción barra linchamiento» por parte de dirigentes de su formación contra su persona, a raíz de que hubiera procedido a levantar un acta notarial con las informaciones que se ... le habían hecho llegar sobre la situación fiscal y judicial de la pareja de la presidenta de su comunidad, Alberto González Amador. Informaciones coincidentes con las filtraciones que llevaron a la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Es de suponer que Lobato, funcionario de carrera precisamente en Hacienda, vio en el contenido de las informaciones que se le encomendaron para desarrollar su labor de oposición y en la fuente última que podía adivinarse tras su revelación motivos suficientes para hacer constar tales circunstancias. Lo que en el PSOE ha podido percibirse como una muestra de deslealtad hacia las compañeras y compañeros que hicieron partícipe de una filtración de datos fiscales nada menos que a un técnico de Hacienda en excedencia por cargo político, éste pudo metabolizarlo como un deber inexcusable hacia el Estado de derecho. Más allá de que acudiendo a la notaría tratara de cubrirse legalmente, y lo hiciera más tarde de que –según la cronología de hechos desvelada por ABC– se percatara de estar incurriendo en un ilícito al no denunciarlo a tiempo.
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La falta de sintonía entre la dirección de Pedro Sánchez y el líder de los socialistas madrileños es un telón de fondo que no debiera acabar ocultando lo que importa al país y a la democracia. Despejar la incógnita judicializada sobre si se produjo un delito de revelación de secretos. Y, en tal caso, sobre las personas –especialmente las sujetas a promesa a la Constitución– que concurrieron en su comisión. La citación a Juan Lobato para que preste testimonio ante el Tribunal Supremo, aportando el acta notarial y debiendo decir verdad, contribuirá a dimensionar el alcance institucional del escándalo. Poco importa que tras su declaración Lobato se dirija a Sevilla, al congreso del PSOE, como cabeza de la delegación madrileña, o eluda la confrontación cara a cara entre lo legal y lo partidario. El socialismo de Pedro Sánchez está obligado a rendir cuentas sin dilaciones ni excusas, por mucho que la cobertura prestada por Isabel Díaz Ayuso a las manifiestas irregularidades de su pareja merezca todos los reproches necesarios para acabar con la impunidad que acompaña a la arrogancia política.
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