Respeto para el Constitucional

Y ese mal cuerpo se me multiplica ahora cuando nada menos que el Tribunal Constitucional, y nada menos que sobre el primer decreto del estado de alarma, dice que Vox estaba en lo jurídicamente correcto cuando planteó un recurso de inconstitucionalidad en el que defendía que ese estado de alarma debería haber sido de excepción para que quedase adecuadamente amparada la suspensión del derecho fundamental de circulación de las personas.

Pero no me alivia el malestar, si no al contrario, lo agudiza, las reacciones a la sentencia de responsables políticos que deberían respetar la dignidad de su cargo, si lo tienen por democrático, respetando la separación de poderes y no descalificando a los jueces cuando dictan sentencias que no son de su agrado. Que la ministra Belarra diga que los jueces, con esta sentencia, «hacen oposición al Gobierno»; o que la juez y ministra de Defensa, Margarita Robles, les afee a los miembros del Constitucional no haber mostrado con esa sentencia «sentido de Estado· es verdaderamente preocupante. Como lo es que Pablo Casado aproveche el asunto para sacar pecho y hablar ¡de independencia judicial! Debería caérsele la cara de vergüenza al líder del PP, que lleva meses impidiendo la renovación del órgano de gobierno de los jueces por temor a que el que entre le sea menos afecto.

Lo que se está ventilando aquí no es, como torticeramente manifiesta la flamante ministra de Justicia, que con «el confinamiento se salvaron 450.000 vidas», como si el estado de excepción no hubiera sido un instrumento igualmente válido para salvarlas. Lo que se ventila con este asunto que tanta polvareda ha levantado es exclusivamente la adecuación al ordenamiento constitucional de la norma empleada: el Gobierno debió plantear el estado de excepción y no el estado de alarma si quería evitar legalmente la circulación de las personas y sancionar a quienes no lo hicieran sin causa justificada. Lo dice el Constitucional, y punto. No importa si es por 6 votos a 5; si algunos de sus miembros están en funciones o si una plaza vacante no ha sido sustituida. Importa en el sentido de que todas estas circunstancias hablan de las anormales condiciones en las que trabaja el órgano garante de la Constitución, como anormal es que tarde casi año y medio en pronunciarse. Pero no importa en que estas circunstancias resten legitimidad a la sentencia. Este 'anormal' Tribunal Constitucional es el que tenemos. No hay otro. Y, por tanto, es al que se le debe respeto.