Alburquerque vuelve a ser noticia porque un policía local, Juan Pedro Pulido, se ha hartado de los retrasos en el pago de la nómina y se ha puesto en huelga de hambre. Otra vez los líos de Alburquerque. Los lectores de HOY ... quizá recuerden la protesta y la huelga de hambre del alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, en Madrid, frente al Ministerio de Industria, para exigir empleo y en contra de que se quitase la prima a las renovables. Recordarán también la condena judicial a Vadillo a dos años y medio de cárcel y el posterior indulto del Gobierno que evitó que entrara en prisión.
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Ahora, después de meses de denuncias de impago a los trabajadores, el presidente de la Diputación le ha quitado las competencias de Bienestar Social a la diputada y alcaldesa de Alburquerque, Marisa Murillo. El argumento es que no resulta muy decoroso que una política socialista, y más si se encarga de Bienestar Social, deje de pagar a los trabajadores. Pero tanto la Diputación como el PSOE extremeño están al tanto desde hace años del desgobierno de Alburquerque. Y han mirado para otro lado porque Vadillo daba votos. Todavía los da, probablemente. Lo que ocurre es que la bola de irregularidades, empezando por el impago a los empleados, a los proveedores y a la Seguridad Social, es tan gorda que puede acabar en la intervención del Ayuntamiento por parte de Hacienda, tal como ha pedido el PP. Si eso ocurriera no sorprendería a nadie.
La pregunta que se hace a menudo quien no conoce Alburquerque es por qué el pueblo mantiene el apoyo a un político que ha llevado al Ayuntamiento a sumar una deuda (oficial) de 7,3 millones de euros, más de 1.300 euros por habitante. O que acumula meses de impagos a sus empleados. Quizá nadie mejor que Ángel Vadillo puede retratar la situación. En agosto de 2019, el propio Vadillo, que no era alcalde oficial, pero si oficioso, se reunió con los contratados municipales, que estaban molestos por no cobrar. Les explicó que los retrasos se debían a que no había Gobierno en Madrid. También les advirtió de que si denunciaban, el Ayuntamiento tendría que hacer un ERE para despedirles. Reconoció Vadillo que si en lugar de 300 empleados Alburquerque tuviera 50, como otros pueblos, no habría esos problemas.
Ahí tienen ustedes la clave: el empleo público utilizado como instrumento para perpetuarse en el poder. Llámenlo clientelismo, caciquismo…. El mecanismo es simple: el gobernante contrata trabajadores en mucho mayor número del que el municipio necesita y puede pagar y va haciendo equilibrios en el alambre legal a base de pedir préstamos y desviar otros recursos. Todo ello envuelto de un mesianismo de libro: lo hace por el bien del pueblo.
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Si se le critica que en esa misión de favorecer al pueblo se atropelle la ley al hacer contratos ficticios con el único fin de generar el derecho a prestaciones de desempleo, y mantener así la rueda de centenares de vecinos agradecidos al Ayuntamiento por llamarles, se acude de nuevo a la retórica: esas 'irregularidades' son una minucia al lado de las ingentes ayudas que el Estado destina a salvar bancos en crisis. Es la filosofía del 'más roban los ricos', utilizada como coartada para justificar que el caciquismo del siglo XIX perviva en el XXI. Un «caciquismo bueno» dedicado en teoría a favorecer a los pobres, pero en realidad a asegurarse el poder. Nadie parece contemplar la opción de salirse de la rueda y reclamar un desarrollo y unos empleos reales, no inflados ni dependientes del favor del alcalde.
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