El año que ahora comienza va a estar políticamente marcado por dos convocatorias electorales que llevan meses solapándose en el horizonte de los partidos y de las instituciones. Las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales que presumiblemente tendrán lugar a finales ... de 2023. Una secuencia que en parte recuerda lo vivido ya en 2019, con dos comicios a Cortes y unas municipales y autonómicas en medio. Cuatro años después el ciclo electoral no adquiere tanto dramatismo, pero se presenta tan incierto en cuanto a sus resultados que corre el riesgo de acaparar y tensionar en exceso la vida pública. Por de pronto, no será fácil que los proyectos, propuestas y candidatos que concurran a las elecciones de mayo sean percibidos como algo más que una versión adelantada del pulso final entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El empeño que algunos presidentes autonómicos socialistas están poniendo para desligarse de la suerte que pueda correr Sánchez atiende a cuestiones de política general. Como la insistencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en confrontar con el Gobierno trata también de situarla en ese plano para sobrevolar lo autonómico. Pero la realización de la democracia en el Estado autonómico exige que las candidaturas municipales y territoriales de todos los partidos traten de destacar sus respectivas alternativas sin verse acalladas o agazapándose voluntariamente ante la preeminencia del pulso para el Gobierno de España.
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Del mismo modo, la celebración, tras la pugna atomizada de mayo, de las generales al término de una legislatura enormemente densa en problemas –la pandemia y la guerra de Putin con sus consecuencias económicas y sociales, junto a la división parlamentaria en bloques– en ningún caso justifica que los aspirantes a presidir el país eludan precisar qué planes albergan para los siguientes cuatro años. Y ello dando por supuesto que para finales de 2023 España habrá recuperado el aliento necesario para hablar de verdad de crecimiento y de empleo, de competitividad, de reto demográfico y de un futuro en cohesión social y ecológica. Por lo que los meses que restan para culminar la legislatura no deberían dejar pendientes la renovación de las instituciones, la evaluación en tiempo real de los efectos generados por legislar a toda prisa y a demanda en materia penal o las incógnitas que acompañan a la reiterada exigencia de un pronto referéndum por el independentismo catalán.
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