Los trapos sucios se lavan en casa

No, los trapos sucios no se lavan en casa. La violencia en menores es un problema de todos que hay que afrontar de manera distinta, porque las evidencias nos muestran que el coste es demasiado elevado.

No se nace delincuente, el delincuente se hace. Y se hace lentamente, con tiempo suficiente como para frenar y reconducir. Pero he ahí donde las ausencias, donde los errores y las inacciones empujan. Es ahí donde el grito se ahoga y comienza la creación conjunta de los «violentos».

No se puede hablar de un adolescente conflictivo sin mirar al recorrido desde su infancia. La inestabilidad, la falta de afecto, la sobreprotección o la negligencia, la exposición a la violencia, la carencia de modelos de autocontrol, la falta de referentes sólidos, de escucha, de modelos de empatía y conducta, de valores, etc., todo cuenta en la ecuación de los futuros comportamientos. Pero la responsabilidad no acaba en la familia, allí comienza, porque ni el amor lo puede todo, ni todos sabemos 'per se' educar.

Y si la adolescencia siempre ha sido territorio de tormenta, un tiempo donde la identidad se forja a golpes de ensayo y error, y las emociones propias tiene el timón en manos ajenas, llegar a ella sin brújula es comprar demasiadas papeletas para caer en barranco.

Ese sistema que debe apoyar, asesorar, acompañar o reordenar ha resultado un desengaño y las alternativas siguen pasando por el «estigma» y por saltar del umbral de casa al del centro de menores.

¿Es que no leen nuestros dirigentes la prensa? ¿Es que no les llegan los informes de las instituciones del sistema? ¿Es que no escuchan las quejas de cuidadores y educadores? ¿Es que no les llegan los testimonios de los adultos procedentes de los centros? El fracaso está servido, la reforma estructural del sistema de protección de menores es un clamor añejo.

Incontables fugas, conflictos y agresiones constantes entre menores, con educadores y personal, baja o nula atención física y emocional, criterios muy cuestionables para ingresos, acompañamientos y altas; embarazos, casos de prostitución, violaciones, continuidad de la delincuencia y un largo etcétera ponen de manifiesto no solo la ineficacia de este supuesto sistema de protección sino los peligros que no actuar sobre los mismos implica.

Pero como casi siempre, lo aparentemente urgente impide que se trate lo importante. Se hace caso omiso a denuncias como las de la Asociación para la defensa del menor sobre la ineficacia de los centros; se desoye a la Fiscalía General del Estado cuando alerta sobre la «alarmante tónica ascendente» en el número de delitos de homicidio y asesinato, tanto consumados como en grado de tentativa, cometidos por menores. Y se tapan los oídos frente a la exigencia de debates sobre la edad de responsabilidad penal, la adecuación de penas, o incluso sobre el logro del propósito de reeducación y reinserción por encima del castigo de la propia Ley del Menor.

Es incuestionable que nos encontramos en un punto crítico y la permanencia en la indiferencia solo alimentará el problema. La violencia ejercida por menores no es un destino inevitable, sino el resultado de un entramado social y familiar que hemos permitido y, en muchos casos, ignorado.