Vientres de alquiler vs. maternidad subrogada

Desconcierta pensar que esta práctica en España está tipificada como delito (art. 223 Código Penal) y recogida también su prohibición en La Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y, sin embargo, sí es posible realizar el registro de filiación cumpliendo ciertos requisitos, que tienen que ver más con las normas del país en que se ha llevado a cabo la gestación que con las propias.

Hablar de maternidad subrogada nos lleva a hablar de sentimientos. Y a nuestra mente acuden aquellos casos de parejas, de personas, que hacen de la paternidad o maternidad el centro de su vida, y en las que el deseo de tener descendencia es tan fuerte como para condenar su propia existencia. Y su sufrimiento nos conmueve, y también nos conmueve su felicidad cuando les vemos derrochar amor hacia aquellas criaturas, a las que se les augura el mejor de los futuros.

Pero aún sabiendo que la maternidad y la paternidad son experiencias profundamente personales y emocionales, dudamos si no volveremos a caer en una injusta distinción entre hijos biológicos y adoptivos.

Y acuden las sombras, y tomamos conciencia de la situación al otro lado, los vientres de alquiler, y percibes que aquel deseo de continuidad genética implica también otro dolor. Y te preguntas si realmente habrá mujeres cuya generosidad llegue al extremo de comprometer su cuerpo, su tiempo, su salud, su vida y, eliminando cualquier implicación emocional más allá del parto, puedan entregar desprendidamente ese bebé que gestan a quienes no pueden o quieren hacerlo. Y entonces, a nuestra mente acuden otras imágenes, y ves a mujeres en la India, Ucrania, Rusia, Georgia, México, California o Florida que enfrentan discriminación y desigualdades, y sabes que su elección no es altruista. Mujeres que acreditarán su voluntariedad y, con mayor o menor veracidad, su salud física y psíquica, pero siempre vulnerables.

Y los otros, los intermediarios, mercantilizaran sus cuerpos y establecerán las ofertas, y será la condición social, el físico, la cultura, la edad y las carencias las que determinen el precio. Y no se hablará de explotación, ni de la autonomía de los cuerpos, porque el planteamiento de que se pueda dar una violación de Derechos Humanos no cabe en el negocio.

Y de los derechos del nuevo ser tampoco hablamos, no vaya a ser que, por falta de regulación específica, se nos olvide que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoce el derecho a conocer su identidad y origen, y que, a lo mejor también, sea su derecho el mantener vínculos con todas las partes.

En cualquier caso, la prioridad es innegable, legislar por el bien del menor y las gestantes.