Transparencia en Salud Pública, un derecho y una obligación

Los poderes públicos tienen la obligación de organizar y tutelar la Salud Pública a través de medidas preventivas de prestaciones y servicios sanitarios necesarios, es el precepto que nos marca la Constitución en el Artículo 43, siendo las comunidades autónomas las encargadas de las competencias sanitarias.

En 2011 esa obligación de la administración se consagró en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que fija los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de Salud Pública, pero también fija las obligaciones de las administraciones en esta materia, describe las actuaciones, regula la planificación y la coordinación, se ocupa de los profesionales, de la investigación, etc, todo ello referido a la Salud Pública.

A diferencia de otras leyes como la Ley de Autonomía del Paciente, que regula los derechos de los pacientes en sus relaciones con el sistema sanitario, la Ley de Salud Pública se centra en los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la salud pública, el protagonismo pues no recae sobre el individuo sino sobre la colectividad.

No en vano, la Ley de Autonomía del Paciente dispone que los ciudadanos tenemos derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para la salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud (Art. 6)

Por lo tanto cuando la Junta de Extremadura decide dejar de publicar los datos diarios de contagios, hospitalizados y fallecidos por covid-19 está conculcando uno de los derechos ciudadanos que consagra nuestra Constitución, que es la obligación de tutelar la salud pública mediante, entre otros instrumentos, la publicación de datos, es decir, el derecho a la información que tenemos los ciudadanos.

Posteriormente en 2011, la citada Ley General de Salud Pública regula ese derecho pero referido al conjunto de los ciudadanos como posibles pacientes y en su artículo 3 f) establece el principio de transparencia por el que todas «las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes» de manera que «la información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos». El artículo 4 fija el derecho a la información que tenemos los ciudadanos en materia de salud pública y que en el caso de riesgos específicos y relevantes para la salud se le otorga un carácter «especial» estableciendo «el derecho a recibir información sobre riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos o de otro carácter, relevantes para la salud de la población y sobre su impacto».

Es más que evidente que el gobierno regional está infringiendo la ley que en el caso concreto del Servicio Extremeño de Salud es inadmisible pues tiene entre sus competencias velar por la salud pública de la ciudadanía.

La ley además regula cómo se debe despachar esa información a los ciudadanos: «De forma desagregada para su comprensión en función del colectivo afectado y estará disponible en las condiciones y formato que permita su plena accesibilidad a las personas con discapacidad de cualquier tipo».

Queda meridianamente demostrado que la Junta de Extremadura está sustrayendo un derecho a los extremeños, que es el derecho a saber cómo, cuándo y cuántas personas están enfermando a causa de la pandemia que nos azota desde hace dos años.

Por si fuera poco, no solo se trata de negar un derecho a la ciudadanía, sino que además se está dejando de cumplir una obligación, pues como se recoge en el artículo 10 de la mencionada Ley, se concreta la obligación de informar sobre la presencia de riesgos específicos para la salud de la población

Extremadura fue la última comunidad autónoma en decidirse a publicar los datos diarios de la pandemia y la primera en dejar de hacerlo, rompiendo la coordinación y cohesión que preside el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Este hecho ha supuesto de facto contradecir las palabras del propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que ha venido sosteniendo durante la pandemia siempre «el acuerdo común» frente a las decisiones unilaterales.

Según la OMS, para gestionar eficazmente las emergencias de Salud Pública se requiere una comunicación abierta y transparente con el público.

La transparencia se justifica por razones de Salud Pública, pero también por razones estratégicas y éticas, cuestiones que en estos momentos adolecen nuestros gobernantes regionales, a tenor de la situación de caos que se están observando en los centros educativos o de atención primaria.