El vertedero de la discordia

Llevar ambas cosas al absoluto, es decir, reducir Extremadura a esas dos circunstancias ofrecería una fotografía borrosa de la comunidad, que es mucho más que eso: jóvenes brillantes, iniciativas emprendedoras, empresas punteras en determinados campos, etcétera. Pero lo que no se puede negar es que ambos hechos sí forman parte de la realidad de Extremadura, de nuestras propias contradicciones, y con ellas debemos navegar.

En ese viaje en el que algunos se embarcan de buena fe, a veces son confundidos por quienes en nombre del medio ambiente hacen en realidad política, una acción legítima siempre que se identifique como tal y no se ponga como pantalla un árbol, un pájaro o el acuífero de turno, porque siempre hay un árbol, un pájaro y, aunque no se vean, acuíferos cuya existencia de pronto descubrimos esencial para nuestra subsistencia. Además, está el vértigo de ir en dirección contraria y el primitivo juego de tonto el último, por no hablar de que falta medio año para las elecciones.

El resultado es que ese macrovertedero no tiene quien le quiera, se entiende que tampoco a sus impuestos y su empleo, y todos los partidos relevantes y todas las organizaciones agrarias y muchos de los ayuntamientos que se encuentran a la redonda de Salvatierra ya se han manifestado en su contra. Si un proyecto tiene a la sociedad más cercana de uñas, es muy difícil por no decir imposible que salga adelante.

En Extremadura lo sabemos bien, pero quien no parece saberlo es la sociedad promotora, que ha incurrido en el fallo de no ganarse antes la confianza del entorno en el que prevé intalarse, explicando las ventajas e inconvenientes que pudiera tener el proyecto y haciéndoles partícipes de alguna manera de él. Por el contrario, parece que no ha sido del todo clara y ha pensado, como en su día sucedió con la mina de litio de Cáceres, que asegurarse la tramitación administrativa era condición suficiente, sin contar la fuerza que puede tener el rechazo social en zonas rurales ni medir que en la aplicación de las exigencias medioambientales siempre hay un determinado margen de flexibilidad, para un lado y para otro.

No se trata, pese a sus dimensiones, de un proyecto que pueda considerarse extravagante. El nuevo Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2023-2030, publicado en su versión inicial en septiembre, incluye la creación de una gran planta (aunque habla de 130.000 toneladas, frente a las 178.000 que contempla el de Salvatierra) para acoger vertidos inertes, y la considera tan necesaria que la Administración anuncia en dicho Plan que la hará con fondos públicos si nadie se muestra interesado por llevarla adelante. La región, en suma, necesita clarificar qué hacer con sus residuos industriales, que ahora son trasladados a otras comunidades autónomas, y es lógico que el lugar elegido, sea Salvatierra o cualquier otro, esté próximo a las principales núcleos donde se asientan las empresas extremeñas generadoras de este tipo de residuos.

Porque lo que está claro es que las fábricas, por muy tecnológicas y de última generación que sean, generan basura, como la vida misma, y si de verdad las queremos lo que se debe hacer es planificar cómo tratarla, acorde con los cánones y eficiencia actuales; pero no despreciar el todo por una parte, que son sus desechos. Porque nadie quiere tener el contenedor cerca, pero allí donde no hay nada, tampoco hacen falta contenedores.