La vivienda, emergencia social

El reportaje que firma este domingo en HOY Marta Lorenzo sobre la creciente dificultad de conseguir una vivienda de alquiler en Cáceres dibuja un escenario que hasta ahora creíamos limitado a ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián. Muchos aspirantes a hacerse con un piso se ven abocados a participar en auténticos 'castings' por parte de los propietarios en los que compiten entre ellos por el gran premio: un lugar donde vivir digno y que a ser posible no devore la mayor parte del sueldo. La oferta cada vez más limitada empuja al alza los precios, que en el caso de Cáceres, según el portal Idealista, se han disparado un 19 por ciento en el último año, el mayor incremento de toda España.

Las tensiones en el mercado de alquiler están alcanzando cotas nunca vistas en la capital cacereña y todo indica que irán a peor. Lo dicen tanto las estadísticas como los testimonios en primera persona de quienes buscan una vivienda y ven cómo los dueños les exigen nóminas, avales, varios meses de fianza y todo tipo de garantías adicionales, no ya para hacerse con el piso, sino simplemente para ser tenidos en cuenta en el proceso de selección. Como siempre, los jóvenes, los migrantes y las familias con ingresos bajos son quienes peor lo tienen, los que no pueden ni plantearse comprar, generan desconfianza entre los arrendadores y se ven forzados a conformarse con lo peor de un parque de viviendas en alquiler que, a juzgar por las imágenes de los portales inmobiliarios, tampoco destaca en lineas generales por su buena conservación ni equipamiento.

Los precios están subiendo en todas partes, es cierto, pero algo diferente pasa en Cáceres. Quizás hay que empezar a darles la razón a quienes llevan tiempo avisando de las consecuencias del crecimiento sin control de los alojamientos turísticos. Aunque queramos argumentar que se trata de mercados distintos, da que pensar el hecho de que ahora mismo en Cáceres haya entre 150 y 200 viviendas disponibles para alquiler residencial, mientras que los pisos turísticos (legales) superan los 400 y en la parte antigua son ya una de cada 10 viviendas. Entre quienes no ven relación entre una cosa y la otra está el alcalde, Rafael Mateos, que ha descartado establecer límites a la proliferación de estos negocios en la nueva ordenanza municipal que se está preparando.

La situación empieza a ser de emergencia social y la ayuda por parte de la administración llega con cuentagotas. El único intento serio por hacer algo es el bloque de 87 viviendas de alquiler asequible (entre 400 y 450 euros al mes) para jóvenes y familias de rentas medias bajas que la Junta de Extremadura promueve en una parcela de Casa Plata cedida por el Ayuntamiento. La obra aún no ha empezado y, si se cumple el plazo dado a la constructora, deberían estar disponibles en 2026. Se prevé una avalancha de solicitudes, la prueba de que el acceso la vivienda es el problema social más grave y urgente al que nos enfrentamos, porque sin ella no hay proyecto de vida que valga.

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