Que no vuelva a ocurrir

Los familiares de las víctimas desearíamos, como todos, que no se repita esta tragedia y que no solo se acuerden de los muertos sus seres queridos. Por ello consideramos que se requiere una reflexión a nivel nacional utilizando un método de análisis que por encima de las cuestiones personales trascienda los motivos emocionales y se apoye fundamentalmente en datos y argumentos.

Lógicamente, la vulnerabilidad de las personas mayores ha ocasionado tasas de mortalidad muy altas dentro de este colectivo, especialmente entre los residentes en centros de mayores, donde los índices de mortalidad han sido muy superiores a los registrados entre mayores no residentes.

Pues bien, según el Informe de 24 /11/2020 publicado por la Secretaria de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hasta el 23 de junio de 2020 la cifra total de fallecidos se elevaba a 43.697. Según el Imserso, 20.268 de ellos habían fallecido en residencias por la covid-19, a los que habría que añadir otros 9.904 con sintomatología compatible con el coronavirus. Además, se indicaba que la tasa de mortalidad estimada en las residencias de mayores, sobre el total de usuarios de dichos centros, se elevó al 6,1% durante el año 2020. Atendiendo a este porcentaje sería comprensible, y en parte asumible, que algunos de nuestros familiares hayan muerto en las residencias de mayores. Ahora bien, por simple lógica, entendemos que no en todos los centros el porcentaje de fallecidos haya sido el mismo. Es decir, es admisible que algunos centros presenten una «desviación» de dicha media: es lo que se conoce en estadística como «desviación típica». La cuestión que queda sin respuesta es que en ciertas residencias el porcentaje de mortalidad se «desvió» muy significativamente de dicha media, en ciertas ocasiones con mortalidades superiores al 25% o más.

En la residencia de mayores de Los Pinos' de Plasencia, según datos facilitados a un grupo de familiares afectados por el Portal de la Transparencia de la comunidad autónoma de Extremadura, de marzo a junio de 2020, en tan solo tres meses, de un total de 95 residentes, 26 fallecieron de covid-19 o con síntomas compatibles, un porcentaje muy superior al 6,1% anual antes aludido. Algo similar, presumiblemente, puede también haber ocurrido en otras residencia de la comunidad extremeña, aunque se desconocen las cifras concretas, pese a los esfuerzos de algunos familiares y de la Oficina del Defensor del Pueblo.

Ante estas situaciones, que se alejan de forma relevante del comportamiento medio sin saber muy bien por qué, es nuestro deber indagar en sus posibles causas.

Quizás estas líneas no hubieran visto la luz sin el dolor profundo que nos ha causado la terrible agonía de nuestros seres queridos. Nuestra compasión y sentido de la justicia nos ha obligado a ello, pero, sobre todo, nos moviliza la esperanza. La esperanza de que esto no vuelva a suceder.

De forma habitual realizamos gran cantidad de delegaciones de nuestras responsabilidades colectivas para dejarlas en manos de los demás con el evidente riesgo de que nos olvidemos de ellas.

Como expone el filósofo y sociólogo francés Edgar Morín, además de nuestra ética individual existe, para hacer frente a esas responsabilidades, una ética grupal según la cual el comportamiento moral del grupo para con los otros es el camino para ayudar a resolver determinadas situaciones no deseadas y a prevenir que se repitan.

Por ello pedimos a la sociedad que no nos resignemos al olvido ni aceptemos la injusticia, no deleguemos nuestras responsabilidades en manos de los demás, con el riesgo de olvidar nuestros compromisos: nuestro deber ético individual y colectivo nos empuja a reclamar una investigación a fondo sobre las circunstancias que pudieran explicar la «desviación» con respecto a la media de los fallecimientos acaecidos en algunas residencias, preguntándonos por las características de dichos centros y, en consecuencia, de sus posibles responsables, ya que, presuntamente, se han podido cometer delitos muy graves que atentan contra derechos fundamentales de las personas como el de la vida y la salud de los residentes. Derechos básicos que vienen recogidos en las distintas Declaraciones de Derechos Humanos.

En defensa de estos inalienables derechos, solicitamos que las autoridades judiciales y civiles procedan a una investigación a fondo de las presuntas responsabilidades penales y administrativas a que hubiera lugar.

Y también a la opinión pública a través de los medios de comunicación para que no nos resignemos al olvido ni a la aceptación de las injusticias.

Nunca nos movió a los familiares afectados ningún ánimo de lucro, solo el sentido de justicia y la esperanza de que no vuelvan a ocurrir hechos parecidos.

Nos lo pide nuestra conciencia de familiares y nuestra conciencia de ciudadanos.