El Ayuntamiento espera una orden judicial para derribar la terraza de la Plaza Mayor

A principios de 2024, el PSOE denunció la construcción «ilegal» en un ático de la Plaza Mayor. En su azotea, donde existía una pequeña nave, se había edificado una atalaya esgrafiada, coronada por tres triángulos de ladrillos. «Lo consideramos ilegal desde el punto de vista del incumplimiento de la normativa vigente, como es el Plan Especial de Protección del recinto amurallado y su zona de contacto», declaró Alfredo Moreno, portavoz socialista.

El edificio, que data de finales del siglo XIX y principios del XX, cuenta con un grado de protección A (ambiental). Según el PSOE, la legalidad establece que solo pueden existir tres plantas y no cuatro, como tiene actualmente ese edificio. «Cuarenta años después de la entrada en vigor de la normativa, no solo ha dejado de cumplirse lo establecido para este edificio, sino que se ha actuado sobre él alterando su volumen original», afirmó Moreno.

El expediente sancionador del Ayuntamiento de Plasencia detalla que el procedimiento se ha llevado a cabo por una presunta infracción urbanística en el inmueble de la calle Vidrieras, 1. El instructor del procedimiento, Raúl Moreno González, ha indicado que se trata de una infracción grave de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura. Como sanción, se ha impuesto una multa de 8.200 euros a la propietaria y promotora de la obra.

El Consistorio también ha determinado que las medidas de legalización y restauración del orden urbanístico incluyen la reposición del estado original del edificio en un plazo de tres meses. En caso de incumplimiento, podrá imponer multas coercitivas mensuales de hasta un diez por ciento del valor de la obra, hasta un máximo de diez meses.

Belinda Martín ha subrayado que, aunque la sentencia es favorable al Ayuntamiento, no se podrá proceder con la demolición hasta que se obtenga una autorización judicial que permita la ejecución de la medida: «Es un tema que seguimos de cerca, pero hasta que no tengamos la orden judicial que nos permita entrar y derribar, no podemos continuar».