El Consistorio placentino no recurrirá la exculpación de Domínguez, García y Barbancho

El Ayuntamiento de Plasencia no insistirá en que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) juzgue a los exconcejales de Urbanismo María Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho por un presunto delito de prevaricación administrativa. El alcalde, Fernando Pizarro, anunció ayer que el Consistorio no recurrirá el auto en el que el juez instructor exculpa a estos tres ediles en el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara.

El Ayuntamiento sí se mantendrá personado en la causa como acusación particular, puesto que el magistrado también ha ordenado remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 1 de Plasencia para que determine la posible responsabilidad penal de la exalcaldesa Elia María Blanco e investigue, si lo considera oportuno, las actuaciones municipales en relación a Santa Bárbara a partir de junio de 2011, cuando Pizarro se hizo con la alcaldía, por si fuera procedente imputar a más personas.

El alcalde placentino dijo ayer que la decisión de no recurrir se toma «tras varios días de reflexión muy técnica y muy jurídica, y atendiendo de manera fundamental al criterio del gabinete jurídico» municipal. Señaló que, tras este análisis, consideran que el contenido del auto «no afecta al interés público» y que, para «seguir defendiendo los intereses de la ciudad», es suficiente con mantenerse como acusación particular para conocer cómo evoluciona el caso a partir de ahora en los juzgados de Plasencia. «No es una cuestión personal contra nadie, sino de intentar defender siempre los intereses de la ciudad», insistió.

El Ayuntamiento de Plasencia no sigue por lo tanto el camino de la Fiscalía, que sí ha presentado ya ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJEx un recurso de apelación en el que pide que se dejen sin efecto todas las resoluciones recogidas por el instructor en el auto de la semana pasada y se abra juicio oral contra los cuatro imputados, a los que acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de omisión del deber de perseguir delitos.

La Fiscalía no hará público el contenido íntegro del recurso hasta que le sea comunicado a las partes una vez que finalice el plazo de apelación, si bien se espera que mantenga la petición de penas de 12 años de inhabilitación para Elia María Blanco y 10 años y medio para cada uno de los tres exconcejales de Urbanismo investigados.

A todos ellos les considera responsables de que el Ayuntamiento de Plasencia no actuara para ejecutar las órdenes firmes de derribo que pesaban sobre decenas de viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara.