Una denuncia en Plasencia permite desarticular una red de criptomonedas

Según los hechos probados en la sentencia, la trama operó desde 2019 hasta 2022 bajo una estructura jerarquizada y bien organizada. El acusado principal coordinaba las actividades del grupo, que incluían ataques informáticos mediante técnicas de 'phishing', infección de equipos y captura de datos bancarios para realizar transferencias no consentidas. Los fondos obtenidos eran luego blanqueados a través de cuentas bancarias intermedias y convertidos en criptomonedas para dificultar su rastreo.

El grupo se dividía en tres niveles. En el escalón superior se encontraba el acusado principal y otras cuatro personas no identificadas, responsables de la supervisión y distribución del dinero. El escalón medio estaba formado por cinco acusados, encargados de operar con cuentas bancarias, extraer efectivo y convertir el dinero en criptomonedas. Y el escalón inferior estaba compuesto por individuos que facilitaban sus cuentas bancarias para recibir transferencias fraudulentas a cambio de un porcentaje del botín.

La trama operaba mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos y 'malware' que infectaba los sistemas de empresas y particulares, permitiendo el acceso a sus cuentas bancarias. Entre las víctimas se encontraban tanto empresas como particulares, que sufrieron pérdidas que oscilaban entre los 900 y los 38.545 euros. En total, se acreditaron transferencias fraudulentas por un valor superior a los 250.000 euros. Uno de los casos más destacados fue el de una persona que vio cómo desaparecían 38.545 euros de su cuenta en cinco operaciones seguidas.

Durante la investigación, la Guardia Civil realizó registros en varios domicilios de los acusados, donde se incautaron ordenadores, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación bancaria falsa y equipos utilizados para el blanqueo de capitales. En un domicilio se encontraron siete ordenadores y documentación vinculada a cuentas bancarias de terceros.

Tras un juicio en el que la mayoría de los acusados aceptaron los cargos, la Audiencia Provincial de Cáceres impuso penas que oscilaron entre los 2 años y 3 y meses y 2 años por estafa agravada y pertenencia a grupo criminal. Otros fueron condenados a 1 año de prisión por estafa básica y uno más recibió una condena adicional de 3 meses de multa por la venta fraudulenta de un teléfono móvil. Además, los condenados deberán indemnizar de forma solidaria a las víctimas por un total de 150.000 euros, distribuidos en 15 partidas que incluyen compensaciones a particulares y empresas afectadas.

La sentencia absolvió a ocho de los acusados iniciales, al demostrarse que sus cuentas bancarias y direcciones IP fueron utilizadas sin su consentimiento por otros miembros de la trama. También se archivaron los cargos contra cuatro personas al haberse demostrado que ya habían sido juzgados por los mismos hechos en procedimientos anteriores.