Derriba los restos de su casa ilegal en la sierra placentina de Santa Bárbara y elude así la prisión

Ni Carlos Palomero ni Laura Martín entrarán en la cárcel. El matrimonio placentino a quien el Juzgado de lo Penal de Plasencia concedió a finales de abril diez días para que ingresara en prisión por no derribar su casa ilegal en la sierra de Santa Bárbara han demolido en la mañana de este viernes los restos de esa construcción y así eluden la orden que les mandaba a un centro penitenciario. El trámite que resta para certificar su tranquilidad es que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) certifique que efectivamente se ha completado el derribo.

No de la casa, porque no existía tal, sino de las paredes y algunas vigas, que era el rastro que aún permanecía en la parcela propiedad del matrimonio. El hecho de dejar ese espacio tal como estaba antes de haber iniciado la construcción implica cumplir el requerimiento que hasta ahora no habían atendido pese a las sucesivas comunicaciones, y por tanto finiquitar esta parte del procedimiento.

Hay que recordar que el plazo concedido por el juzgado estaba a punto de cumplirse, pero que ayer jueves, la misma instancia dictó una providencia que dejaba en suspenso la orden de ingreso en prisión, supeditada a que se produjera el derribo efectivo y así lo certificara el Seprona.

Lo cierto es que apenas queda nada en pie de la vivienda, porque el matrimonio no solo no ha continuado con la construcción desde 2012, cuando se le obligó a parar, sino que, aunque fuera de plazo, ha ido derribando lo que había levantado. Por eso, en la actualidad, solo queda algún trozo de pared de esa casa.

Este es uno de los argumentos que su defensa ha planteado en el recurso, al que ha unido las situaciones desiguales que se dan en la sierra placentina, porque hay construcciones que no tienen ninguna orden de derribo y otras cuyos procesos son administrativos, así como la propia situación familiar del matrimonio, con una hija menor a su cargo y que se ocupa igualmente del mantenimiento de su hija mayor, madre soltera de dos hijas a su vez y sin ingresos.

Este matrimonio y los propietarios de otras tres viviendas sitas en la zona de Viña Castillo fueron condenados en abril de 2019 por un delito contra la ordenación del territorio a penas de cuatro meses de prisión, a hacer frente al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de cinco euros y a la inhabilitación durante los meses de condena para profesión u oficio relacionado con la construcción, así como a acometer la demolición o legalización de sus viviendas.

Asimismo, en esta sentencia se estableció que la pena de prisión no sería ejecutada si durante tres años y seis meses los condenados no delinquían y procedían «a la demolición de las respectivas construcciones litigiosas de no resultar legalizables las mismas».

Respecto al derribo, la sentencia recogía que los abogados de las defensas en la vista afirmaron que «se estaban legalizando» tales construcciones, por lo que se acordó que antes de hacerse efectiva dicha demolición se recabara informe del Ayuntamiento de Plasencia para ver si la legalización podía realizarse «de manera directa y automática». Pero también señalaba que de no legalizarse de este modo, el juzgado en fase de ejecución dictaría un plazo para la demolición de las construcciones.

• Temas
• Plasencia
• Estados Unidos
• Extremadura
• Caso Santa Bárbara