«No hemos derribado la casa y ahora tenemos 10 días para entrar de forma voluntaria en la cárcel»

«Nos han dado 10 días para entrar de forma voluntaria en la cárcel; el plazo se acaba el próximo viernes», explica Carlos Palomero. Esta orden le afecta tanto a él como a su mujer. «Vamos a tratar de pararla, no tenemos antecedentes, que al menos se nos condene a hacer servicios a la comunidad».

Este matrimonio y los propietarios de otras tres viviendas sitas en la zona de Viña Castillo fueron condenados en abril de 2019 por un delito contra la ordenación del territorio a penas de cuatro meses de prisión, a hacer frente al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de cinco euros y a la inhabilitación durante los meses de condena para profesión u oficio relacionado con la construcción, así como a acometer la demolición o legalización de sus viviendas.

Asimismo, en esta sentencia se estableció que la pena de prisión no sería ejecutada si durante tres años y seis meses los condenados no delinquían y procedían «a la demolición de las respectivas construcciones litigiosas de no resultar legalizables las mismas».

Respecto al derribo, la sentencia recogía que los abogados de las defensas en la vista afirmaron que «se estaban legalizando» tales construcciones, por lo que se acordó que antes de hacerse efectiva dicha demolición se recabara informe del Ayuntamiento de Plasencia para ver si la legalización podía realizarse «de manera directa y automática». Pero también señalaba que de no legalizarse de este modo, el juzgado en fase de ejecución dictaría un plazo para la demolición de las construcciones.

El último plazo

Es lo que el juez hizo en un auto en septiembre de 2020, en el que asumió la petición del Ministerio Fiscal y fijó «un plazo improrrogable de tres meses» para el derribo de las viviendas. Al concluir, previa consulta con el Ayuntamiento, que las actuaciones llevadas a cabo por los penados no eran suficientes para emprender la regularización.

Los propietarios afectados por esta sentencia procedieron a demoler sus casas. Pero Carlos Palomero y su mujer, ambos condenados, no lo hicieron, motivo por el que ahora les llega la orden de ingreso en prisión. «El asunto nos lo llevaba un abogado de oficio que después no siguió con el mismo y se nos pasó el plazo para el derribo, no fuimos conscientes y ahora nos ha llegado esto», explica.

«Estamos muy asustados, son cuatro meses de prisión y tenemos una hija menor de edad». Por eso, «confiamos en que se pueda parar el ingreso en la cárcel, nuestro nuevo abogado va a presentar el recurso necesario, y asumir la pena de otro modo, porque además necesitamos seguir trabajando los dos, mi mujer y yo». Para continuar pagando el alquiler del piso en el que residen, «y ayudar también a nuestra hija mayor, después de invertir todos nuestros ahorros en levantar la casa en la sierra».