La Fiscalía dice que arrojar escombros en el PIR Los Monges no es delito

La investigación comenzó a principios de 2024. Según el informe del Inspector de Servicios Municipales, el 17 de enero se localizó el primer foco de residuos, al que posteriormente se sumaron otros vertederos irregulares en mayo y junio. La situación se agravó con el incremento de los vertidos, lo que llevó a las autoridades locales a abrir una investigación para identificar a los responsables y poner freno al deterioro medioambiental de la zona.

La Policía Local realizó varias inspecciones en el área afectada y encontró entre los escombros documentos personales pertenecientes a un matrimonio residente en el barrio de San Lázaro. A raíz de este hallazgo, los agentes intentaron contactar con los implicados en su domicilio, pero no lograron localizarlos. No obstante, vecinos de la zona confirmaron que los sancionados residen en dicho domicilio.

En base a estas pruebas, el 17 de septiembre de 2024 el Ayuntamiento dictó una resolución incoando un expediente sancionador contra ambos vecinos por infracción grave. Los hechos también fueron remitidos al Ministerio Fiscal para determinar si existía responsabilidad penal, pero la Fiscalía Provincial de Cáceres decidió archivar el caso al no apreciar indicios de delito.

Con la vía penal descartada, el procedimiento administrativo siguió su curso. En noviembre de 2024 se formuló una propuesta de sanción y concedió a los implicados un plazo de diez días para presentar alegaciones. Sin embargo, no presentaron ninguna documentación en su defensa, lo que llevó a la Junta de Gobierno Local a ratificar la multa de 3.000 euros.

Además de la sanción económica, el Ayuntamiento ha impuesto la obligación de retirar los residuos acumulados y entregarlos a un gestor autorizado en un plazo no superior a 15 días. En caso de incumplimiento, la administración municipal procederá a la retirada de los residuos de manera subsidiaria y repercutirá los costos a los sancionados.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la sanción por unanimidad y ha notificado a los implicados la resolución, que es firme en vía administrativa. No obstante, los sancionados tienen derecho a interponer un recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses si consideran que la decisión es injusta o desproporcionada.

El vertido incontrolado de residuos es una problemática que afecta a numerosas localidades y Plasencia no es la excepción. El Ayuntamiento ha intensificado en los últimos años sus esfuerzos para controlar este tipo de infracciones, con el objetivo de evitar el impacto negativo en el medio ambiente y frenar el efecto llamada que generan estos vertederos ilegales.

Según la Ley 7/2022, este tipo de infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros cuando se trata de residuos no peligrosos. En los casos más graves, donde se comprometa la salud pública o se produzcan daños ambientales significativos, las sanciones pueden alcanzar los 600.000 euros.