Plasencia externaliza más de un tercio de la redacción de pliegos técnicos

De los 32 contratos analizados, 12 –el 37,5%– delegan total o parcialmente la redacción de los pliegos técnicos en empresas o consultores externos. Este porcentaje aumenta en áreas como obras públicas y servicios técnicos, donde la mitad de los proyectos recurren a asesoramiento privado. Un ejemplo claro es el Plan de Asfaltado Anual, cuyos pliegos han sido encargados a una empresa externa, o la concesión del transporte urbano, que cuenta con asistencia técnica privada para definir las bases de la licitación. En otros casos, como la rehabilitación de la instalación eléctrica de la plaza de Abastos, tanto la redacción como la supervisión del contrato dependen de externos, aunque con un seguimiento municipal a cargo de Jorge Carpintero, técnico del Ayuntamiento.

La externalización también afecta a la figura del responsable de contrato, que en nueve casos –el 28%– recae en manos ajenas a la Administración. El suministro e instalación de áreas de juegos infantiles, por ejemplo, está supervisado por una empresa externa bajo la coordinación de Juan Pedro Carril, mientras que el mantenimiento de puntos de carga para vehículos eléctricos ni siquiera cuenta aún con un responsable designado. Solo en contratos menos complejos, como el suministro de ropa de trabajo o la contratación de seguros, la gestión sigue siendo íntegramente pública.

Las Administraciones justifican esta medida por la falta de personal cualificado para abordar proyectos técnicamente exigentes, como la construcción de la pasarela sobre la N-630, la modernización de las instalaciones deportivas o las prescripciones técnicas particulares del bus urbano. Además, se argumenta que externalizar agiliza los trámites en licitaciones urgentes, como las incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística.

Organizaciones en defensa de lo público recuerdan que una externalización excesiva puede debilitar el control sobre el gasto y la calidad de los servicios. «Cuando más del 30% de los contratos se gestionan fuera de la administración, aumentan los riesgos de opacidad y de que los intereses privados primen sobre los generales», señala un informe reciente de Transparency International. A esto se suma la preocupación por la posible pérdida de conocimiento técnico dentro de los ayuntamientos, que a la larga podrían quedar atados a consultoras externas incluso para tareas básicas.