«No podemos entrar mi mujer y yo en la cárcel, tenemos una hija menor de edad a la que cuidar»

A partir de este momento comenzarán a correr los diez días que el juzgado les concede para ingresar en la cárcel de forma voluntaria. «No podemos ir a prisión mi mujer y yo, tenemos una hija menor de edad a nuestro cargo», explica Carlos Palomero. Por eso, adelanta, «hemos puesto el asunto en manos de un nuevo abogado y esperamos que presente el recurso preciso para evitar que al menos los dos vayamos a la cárcel, para conseguir que mi mujer no entre y así se pueda seguir ocupando de nuestra hija de 15 años y, por tanto, menor de edad».

No obstante, «además de esta hija, tenemos otra mayor de edad que es madre soltera, que tiene dos hijas y que carece de ingresos, motivo por el que somos nosotros, sus padres, quienes la mantenemos». Carlos Palomero asegura que «por eso necesitamos los dos sueldos, el de mi mujer y el mío, para poder vivir, para poder asumir los gastos que tenemos». Entre ellos también, «el piso de alquiler en el que vivimos, porque nuestros ahorros los invertimos en hacernos la casa en la sierra».

Una construcción que fue paralizada en 2012, año en el que comenzó el periplo judicial para este matrimonio que ahora se enfrenta a una orden de ingreso en prisión.

Es así porque ambos fueron condenados en abril de 2019, junto con los propietarios de otras tres construcciones ilegales de Santa Bárbara, por un delito contra la ordenación del territorio a una pena de cuatro meses de prisión, a hacer frente al pago de una multa de nueve meses con una cuota diaria de cinco euros y a la inhabilitación durante los meses de condena para profesión u oficio relacionado con la construcción, así como a acometer la demolición o legalización de sus viviendas.

Lenta regularización

No obstante, en esa sentencia se establecía que la pena de prisión no sería ejecutada si durante tres años y seis meses los condenados no delinquían y procedían a la demolición de sus casas «de no resultar legalizables».

Entonces se fijó ese plazo porque las defensas de los propietarios afectados por este proceso penal, todos con viviendas en la zona conocida como Viña Castillo, explicaron que se había puesto en marcha el proceso de regularización de la sierra.

Sin embargo, casi un año y medio después el juzgado solicitó información al Ayuntamiento para comprobar el avance de la regularización y, al constatar que las acciones emprendidas eran insuficientes y que la regularización no podía realizarse «de manera directa y automática», fijó «un plazo improrrogable de tres meses» para el derribo de las viviendas. Una demolición obligatoria para evitar la pena de prisión recogida en la sentencia.

Los propietarios procedieron a derribar sus casas, a excepción de Carlos Palomero y su mujer. «De verdad que no fuimos conscientes de esos plazos, no sabíamos cómo estaba el proceso; si es cuestión de tirar la casa, lo hacemos este mismo fin de semana, aunque tampoco tenemos dinero para encargar un proyecto de demolición, pero no podemos ir los dos a la cárcel, estamos con el corazón en un puño».