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El Ayuntamiento aprobó el pasado día 30, en el último pleno del año, la puesta en marcha del proceso de regularización de la quincena de edificaciones levantadas ilegalmente en la zona de La Vinosilla. Por eso, el único propietario de la zona con orden firme de derribo, Santiago Santos Gil, lamenta que «cuando estamos a punto de alcanzar la orilla, se nos ahogue». Porque, explica, «después de todos los trámites que llevamos, cuando la regularización está a poco más de ocho meses, yo tengo que derribar mi vivienda; tirar mi casa es mi regalo de Reyes».
Este viernes, el día 8, se acaba el plazo fijado por el juez para llevar a cabo la demolición de la vivienda. «Y ese día, si nada cambia, el derribo estará en marcha», garantiza Santiago, aunque confía aún en que algo pueda cambiar hasta entonces. «Hemos enviado al juzgado el acuerdo plenario, en el que los grupos políticos rechazaron los derribos y en el que se pone en marcha la modificación precisa para que la regularización de la zona sea una realidad», detalla. De la mano de una modificación de Plan General Municipal (PGM) que cambia el suelo catalogado como no urbanizable a urbanizable con ordenación detallada.
Además, y aunque como dijo en el pleno el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, se trata «del segundo de los once hitos administrativos que los propietarios deben conseguir» para legalizar las viviendas, «la mayoría de los trámites que restan ya los hemos realizado», afirma Santiago; de ahí que mantenga que «la regularización será una realidad en unos meses».
Pero un plazo, en cualquier caso, que no está definido y que impide, por tanto, fijar una fecha concreta y motivo por el que el juzgado primero y la Audiencia después, en la ratificación del auto de derribo, ya dijeron que «no se puede admitir la suspensión sine die del pronunciamiento de demolición ante expectativas vanas y febles que, en todo caso, se sustentan en procedimientos administrativos largos, complejos, procelosos y de duración indeterminada».
Por eso Santiago Santos iniciará el viernes la demolición de su casa y por esto también se arrepiente de haber levantado una construcción de forma irregular, sin los permisos pertinentes y en un suelo en el que ni se podía ni se puede. «Lo hice en 2011 porque ya había otras viviendas y no pasaba nada», reconoce.
De hecho, no fue hasta cuatro años después cuando le llegó la primera notificación judicial. «No sé por qué, no sé quién denunció, pero desde entonces hemos vivido un calvario para al final, cuando estamos a punto de conseguir la legalización, tener que derribar la casa, la única además que se tirará en la zona porque parece que todo es cuestión de suerte», afirma. «Mi casa tiene 55 metros cuadrados, es de las más pequeñas, aunque en La Vinosilla hay muy pocas viviendas grandes, y de las últimas en levantarse, pero sí, me ha tocado a mí, así que me arrepiento de haberla hecho porque desde hace cinco años ha sido un dolor de cabeza», concluye.
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