El 'respiro familiar' de la Junta excluye a las localidades de menos de 4.000 habitantes

«El programa de colaboración se implementa como primera experiencia innovadora en aquellos municipios con población superior a 4.000 habitantes por representar casi a un 70% de la población extremeña, afectando de forma potencial a 727.181 habitantes de Extremadura», recoge el borrador del primer plan de respiro familiar elaborado por la Consejería de Salud.

Una iniciativa que busca dar un respiro a las personas que se ocupan de cuidar a quienes requieren de un cuidado permanente, con el objetivo de que puedan encontrar un descanso de sus responsabilidades.

Este es el fin del programa que Plena Inclusión Extremadura venía desarrollando desde hace más de una década en la región, destinado a los cuidadores no profesionales de adultos con discapacidad intelectual. La insuficiente dotación lograda en esta ocasión ha impedido, siempre según la organización, poder continuar este verano con la iniciativa que se desarrollaba durante los meses de julio y agosto y de la que se beneficiaban de media unas 200 familias.

En su lugar, la Junta apuesta por regular un respiro familiar que abarque todo el año, alcance a muchos más beneficiarios y que sea gestionado por los ayuntamientos. Sin embargo, se da la circunstancia de que se dejan fueran a los pueblos de menos de 4.000 habitantes. De hecho, el programa, al que se destina un millón de euros en su primera edición, «se desarrollaría en 13 municipios con más de 10.000 habitantes, y también en 35 municipios de entre 4.000 y 10.000 habitantes, facilitando con ello que se puedan beneficiar de este programa de colaboración un número importante de personas que cumplen los requisitos establecidos en el acuerdo sexto, de acuerdo a los datos que constan en el Informe Olivenza 2023, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad», se detalla en el documento.

En concreto, podrán optar al respiro los residentes en las localidades incluidas en el plan que se dedican con carácter habitual al cuidado no profesional de personas en situación de dependencia, que tengan reconocimiento oficial de un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y de personas con un grado de discapacidad oficialmente reconocido igual o superior al 75%, aunque no exista la situación de dependencia reconocida, «si dicha necesidad se justifica desde el servicio de atención social básica correspondiente».

El objetivo de las ayudas es ofrecer a las personas cuidadoras habituales la posibilidad de disponer de unas horas para su descanso personal o bien para cubrir sus necesidades puntuales derivadas de la conciliación de las obligaciones laborales y personales y las responsabilidades familiares.

El borrador recoge asimismo el reparto del millón de euros entre las 48 localidades que pueden optar a las ayudas, «en relación al total de personas de cada localidad que tengan una discapacidad en un porcentaje igual o superior al 33% y grado de dependencia reconocido». Así, por ejemplo, las cuantías van desde los 4.123 euros previstos para Santa Marta, con 4.136 habitantes y con 48 personas en situación de dependencia y con una discapacidad igual o superior al 33%, y los 175.227,62 euros para Badajoz, con 150.190 habitantes y 2.040 dependientes con el grado de discapacidad que fijan las bases del programa.

Los fondos, en todos los casos, se transferirán a los ayuntamientos para su gestión directa o bien a través de entidades o empresas del sector.

Este programa de colaboración municipal se ha llevado al Consejo de Política Local de Extremadura (Cople) para su aprobación, pero la Fempex se ha abstenido. «No podemos respaldar una iniciativa que deja fuera a las localidades de menos de 4.000 habitantes en la región, que deja fuera por tanto a cuidadores no profesionales que residen en estos pueblos, una inmensa mayoría en Extremadura», argumenta el presidente de la Fempex, el socialista Manuel José González Andrade.

«Rechazamos igualmente que un plan que llega tarde, porque las 200 familias que contaban con Plena Inclusión este verano ya no tienen su respiro, suponga más burocracia para los ayuntamientos», puesto que son los que se ocuparán de la gestión de los fondos. «De tal forma que si no se ejecutan, la responsabilidad será de los alcaldes y las alcaldesas de las localidades incluidas en el plan». Una minoría, insiste González Andrade, también alcalde de Olivenza. «En la comarca de Olivenza, por ejemplo, el plan llegará a esta localidad y a Valverde de Leganés; se quedan fuera, sin embargo, Cheles, Almendral, La Torre, Alconchel, Talia...».