ANA B. HERNÁNDEZ
Miércoles, 22 de febrero 2023, 13:09
Fue en 2020 cuando presentaron los planes especiales de las siete áreas en que han dividido la sierra de Santa Bárbara para poner en marcha ... la regularización de las viviendas que se han levantado en ella. Siete áreas que afectan a los 180 propietarios que han apostado por su legalización. Y junto a los planes especiales, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, encargado de la tramitación, también registró «el documento ambiental que es pertinente», ha recordado esta mañana junto al presidente de la asociación vecinal creada para la regularización, Ladislao Granado.
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Sin embargo, tres años después aún siguen a la espera del visto bueno medioambiental por parte de la administración regional. Un informe favorable que permita después la aprobación de los planes especiales de las siete áreas. "Entendemos que el proceso se puede alargar porque es novedoso, pero la tramitación administrativa es penosa", ha reconocido Álvarez este miércoles. Tanto, ha añadido, que "hay propietarios que iniciaron el proceso y que ya han fallecido".
Aun así, con el fin de avanzar en la legalización de las edificaciones de la sierra de Santa Bárbara, las de los 180 propietarios inmersos en el proceso, Álvarez y Granado han querido dar este mañana un paso más en este proceso, registrando en el Ayuntamiento los proyectos de reparcelación, "para regularizar lo que hay desde el punto de vista urbanístico", ha explicado el técnico. Aunque lo cierto es que la aprobación de estos proyectos será posterior a los planes especiales que, a su vez, siguen pendientes de la declaración medioambiental favorable.
Multas
Por otro lado, y a pesar de que el proceso de regularización sigue aunque con lentitud adelante, el Ayuntamiento continúa poniendo multas a los propietarios con las que asumir una posible y futura demolición de sus casas, puesto que se han levantado de manera irregular.
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Para Álvarez y Granado esto es una contradicción. "El Ayuntamiento es el promotor del proceso de regularización", han recordado. Por eso, argumentan, "no se entiende que mantenga las multas con las que hacer frente a la demolición de unas casas que se han comenzado a legalizar". Por eso ambos responsables han vuelto a pedir que se suspendan las sanciones. "¿Qué va a hacer con el dinero que está recaudando para derribar de manera subsidiaria las viviendas cuando estén regularizadas?", se ha preguntado Granado.
Según sus datos, las multas están llegando al menos a un 30% de los 180 propietarios a los que afecta la legalización emprendida.
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